Cuentas en Estados Unidos: con la letra chica del FATCA, cuál será el futuro del blanqueo de capitales
El borrador que se dio a conocer luego de la reunión del viernes en Casa Rosada contempla cambios en la "Ley Bases...". La propuesta que no se incluyó y que es fundamental para el exfuncionario que estuvo en las tratativas del acuerdo.
Tras la firma del acuerdo FACTA con Estados Unidos, en septiembre la nueva administración debería recibir información sobre las rentas y los dividendos que generaron las cuentas de los residentes argentinos radicadas en los Estados Unidos en 2023. Pero el descarte, a priori, de una propuesta en la "Ley Bases..." podría jugar en contra.
Luego de la reunión en Casa Rosada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se conoció el borrador del nuevo capítulo fiscal que el Gobierno espera que se apruebe en el Congreso antes del 25 de mayo, en donde no estaba incluido el Régimen de Regularización de Activos.
Tras las ideas y vueltas que se generaron durante el debate en el recinto por el destino de los fondos de un nuevo blanqueo de capitales -primero al Banco Central de República Argentina (BCRA) y luego a la coparticipación-, el oficialismo habría decidido quitar la iniciativa durante esta renegociación.
Cuando la misma, según una de las personas que participó en las tratativas, es una condición clave. "Es necesario contar con un régimen de exteriorización de activos (blanqueo) que permita una aplicación efectiva del acuerdo FACTA", afirmó el ex director general de Aduanas Guillermo Michel.
Dado que ello, les permitiría a los contribuyentes regularizar activos que están sin declarar en los Estados Unidos. "La transparencia fiscal internacional debe ser una política de estado que trascienda a cualquier gobierno", argumentó.
El ex director general de Aduanas Guillermo Michel junto con el ex ministro de Economía Sergio Massa en Estados Unidos.
Las declaraciones del mismo se dieron luego de que en la madrugada del miércoles se publicará en el Boletín Oficial el texto auténtico en español del acuerdo que firmó el expresidente Alberto Fernández y el de Estados Unidos Joe Biden el 5 de diciembre de 2022.
Lo que no implica que el oficialismo descarte tratarlo luego, lo que incluso podría ser beneficioso. En su momento, el CEO de Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin advirtió sobre la necesidad de cambiar la fecha límite para el ingreso -29 de febrero 2024-. No solo por ser un plazo cercado para la toma de decisión, sino porque estaba alejado del intercambio.
Las ideas y vueltas sobre el destino
La ley ómnibus que presentó el oficialismo en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados no contemplaba el destino de los fondos en caso de aprobarse el nuevo blanqueo. Con el cual, junto con la moratoria y el Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales, se proyectaba recaudar 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Pero durante las negociaciones que encabezó el asesor presidencial Santiago Caputo junto con miembros del gabinete, previo al retiro del proyecto, se pretendió incorporar un nuevo artículo para que lo producido por el blanqueo fuera a la capitalización del BCRA.
Un punto que generó disputas con los gobernadores dado la situación en la que se encuentran las finanzas públicas subnacionales producto de la vigencia desde 1º de enero pasado del régimen cedular para el impuesto a las Ganancias.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en enero las transferencias automáticas (que incluye la coparticipación) presentaron una caída del 11,5% real interanual. Una cifra que se proyectaba sea aún mayor en febrero (19,5%).
Frente a ello, y previo al retiro del capítulo, los 10 gobernadores de Juntos por Cambio hicieron trascender que el oficialismo habría aceptado que no tuviera una asignación específica y que fuera coparticipable entre los 24 distritos.
"Las provincias atraviesan una desafiante situación fiscal y financiera, que se agravará por el recorte en las transferencias federales de carácter no automático (estimado en 0,5% del PBI), el impacto de la suba del tipo de cambio sobre los servicios de intereses en moneda extranjera y la pérdida de recursos coparticipables derivada de la implementación de la ley 27.725", justificaron en el pedido.