Las organizaciones empresariales, como las sindicales y otras agrupaciones que genera el sector privado para conseguir sus fines, son expresiones de la sociedad civil cuya autonomía no sólo debe ser respetada por la política, sino estimulada. Llevó años que la evolución natural de nuestra democracia acabara con la dependencia partidista de las centrales sindicales. Por eso, las maniobras del poder político por socavar estas estructuras, sobre todo cuando son críticas a su gestión , deben ser denunciadas y rechazadas. Hoy se libra una lucha sorda en los despachos de abogados entre las patronales CEOE y Cepyme y el Gobierno de Pedro Sánchez, que quiere diluir la representatividad de estas organizaciones. El conflicto se arrastra desde 2021, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz y Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, avalaron públicamente la creación de Conpymes, una patronal que dice representar a 2,1 millones de profesionales y que ha recibido las bendiciones del Ejecutivo para participar en el diálogo social. Conpymes ha sido impulsada por Pimec, una organización catalana de pymes y autónomos próxima a Junts, el partido de Carles Puigdemont, que ha sido incluida por Díaz en varios órganos que tienen que ver con el llamado 'diálogo social': el Consejo Económico y Social, el Consejo Nacional de la Pyme y, desde el 30 de agosto pasado, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. El aterrizaje de Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos significa que la CEOE y Cepyme, que controlan los seis representantes de la patronal, tendrán que ceder puestos. Si no hay acuerdo entre las partes, es el Ejecutivo el que decide los cupos. Aunque este organismo sea meramente consultivo respecto a la negociación colectiva, un cambio en su composición representa un primer paso para «la revolución de la negociación colectiva» a la que aspira Pimec. CEOE y Cepyme recelan con fundadas razones de la independencia de estas nuevas patronales. No sólo la esposa de Pedro Sánchez intervino en su botadura, sino que el vínculo de Pimec con Junts es tan evidente que su representante en la capital ha sido el exdiputado del PDeCAT Ferrán Bel. No es difícil suponer, por tanto, que estamos ante un intento, si no organizado, al menos visto con más que simpatía por La Moncloa con el fin de desactivar un foco de discrepancia. El afán de ocupación de todas las instituciones españolas por parte del sanchismo también se extendería así a la sociedad civil, toda vez que los sindicatos ya han demostrado que pacen felices en los abrevaderos del poder. La CEOE ha dicho que no se va a plegar a los designios del Ejecutivo. Ya denunciaron a Díaz ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por no garantizar el diálogo tripartito y por reformar unilateralmente lo pactado en el diálogo social. Ahora planean defender su representatividad social. En los últimos días hemos tenido ejemplos de dos tipos de conductas que resultan muy dañinas para el sistema democrático. Una es el intento del Gobierno por presentar los resultados del diálogo social como el sucedáneo de la legítima discusión parlamentaria, al verse prisionero de un Congreso en el que no tiene una mayoría clara. La otra es el intento de la política por apoderarse del diálogo social y suplantarlo , como está sucediendo con la reducción de la jornada laboral tanto por parte de Yolanda Díaz como del Partido Popular. Ninguna de las dos respeta el equilibrio que debería darse entre la esfera política y la de los organismos de la sociedad civil.
