Nueva derrota para García Ortiz: el Supremo le afea que intente forzar una revisión de toda la investigación
El fiscal general del Estado suma una nueva derrota en la causa contra él por un delito de revelación de secretos en relación a su presunta responsabilidad en la filtración de los datos privados y reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.
El Tribunal Supremo ha desestimado varios recursos que presentó la defensa de Álvaro García Ortiz, que ejerce la Abogacía del Estado, pidiendo la anulación de la entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de una copia de los mensajes que se hallaron en el móvil de la otra imputada, la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez
Respecto a ello, el magistrado ponente, Julián Sánchez Melgar, estima que "la obtención de una copia de trabajo no es sino una decisión que facilita el trabajo de los investigadores", de los agentes, y "la realización del informe pericial" sobre los mensajes que se intercambiaron en el seno de Fiscalía en los considerados como días claves de la supuesta filtración, del 8 al 14 de marzo de 2024.
Además, el alto tribunal echa por tierra la aseveración de la representación de García Ortiz de que ha existido en la instrucción una "infracción del principio de igualdad de armas procesales", dada -según la Abogacía- la "existencia de otros elementos probatorios que deberían haber sido remitidos" a los investigadores de la UCO "para la realización del informe pericial correspondiente". El magistrado contesta que "no hay elementos para sostener" la existencia de "tal déficit".
La Sala de lo Penal defiende, ante los señalamientos del fiscal general, a los que se une la fiscal jefe provincial madrileña, la labor de los agentes y el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). Los primeros, advirtiendo a la Abogacía que la actividad investigadora que realizan se rige por una "gran profesionalidad derivada de su cualificación técnica" y "su deber de secreto".
Respecto a la LAJ del alto tribunal, el juez Sánchez Melgar señala la labor que realiza de ser "garantía" de una "mayor seguridad" jurídica en el proceso y de que "nada puede realizar el instructor (Ángel Hurtado) fuera del amparo de la fe que proporcionan tales funcionarios".
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