Policías denuncian el boicot del PSOE en Europa para que sean reconocidos profesión de riesgo: "No es necesario"
El PSOE ha tratado de boicotear este martes en el Parlamento Europeo la propuesta de directiva impulsada por el Partido Popular Europeo para declarar a los policías, militares y funcionarios de prisiones como profesión de riesgo, una medida que permitiría reforzar su protección física, jurídica y laboral ante el aumento de agresiones en toda la Unión Europea.
Durante la reunión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la eurodiputada socialista Idoia Mendía ha asegurado que “no es necesario” aprobar dicha normativa, cuestionando el riesgo que asumen a diario los agentes y negando que exista “un problema de orden público en la UE”. En su intervención, Mendía llegó a minimizar las agresiones a policías afirmando que ocurren “de vez en cuando”, una afirmación que ha encendido todas las alarmas en los cuerpos de seguridad.
La Confederación Española de Policía (CEP), impulsora de la iniciativa europea, ha calificado de “ataque intolerable y miserable” las palabras de la portavoz socialista, recordando que en 2024 un total de 16.878 policías nacionales y guardias civiles fueron víctimas de delitos de atentado, la cifra más alta de la serie histórica. Solo en España, los delitos de lesiones y riñas tumultuarias alcanzaron en 2024 un récord de 29.342 infracciones, con un incremento del 8,3% respecto al año anterior.
A pesar de estos datos oficiales, el PSOE ha negado la necesidad de otorgar un estatus especial a quienes trabajan a diario en la calle, y ha planteado un debate sobre “el equilibrio entre seguridad y libertad”, rechazando establecer “regímenes especiales” para determinadas profesiones. Mendía citó al sector sanitario como ejemplo, aunque obvió que, según Interior, las agresiones a personal médico en 2024 supusieron 406 denuncias, siendo en su mayoría insultos o amenazas, no agresiones físicas, subraya el sindicato policial.
La propuesta del PPE, que nace de una petición directa de la CEP en 2023, incluye no solo el reconocimiento de profesión de riesgo, sino también la mejora de medios materiales, cobertura legal, asistencia psicológica y seguros de responsabilidad civil. En cambio, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska sigue sin ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a garantizar este seguro para los agentes, y entre 2020 y 2024 apenas adquirió 1.600 pistolas táser, frente a las necesidades de miles de policías en servicio activo.
Para la CEP, la actitud del PSOE representa el mayor distanciamiento entre el Ministerio del Interior y los cuerpos de seguridad en décadas, y reitera su exigencia de dimisión de Marlaska.