La jueza llama a declarar como testigo a una alto cargo de Ayuso por el escándalo de los contratos de FP

La jueza que investiga el fraccionamiento de contratos en la construcción de edificios de FP en el anterior gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha emitido una resolución por la que llama a declarar como testigo a Coral Báez, actual directora del área territorial Madrid Capital en la Consejería de Educación y responsable de esa zona en el momento en el que sucedió la posible prevaricación que ahora se investiga y que destapó elDiario.es.

La justicia indaga por qué y bajo qué órdenes la Consejería de Educación construyó, entre 2021 y 2023, al menos diez centros de FP y Formación de Profesorado sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico. Al menos dos de los casos fueron enviados a la Fiscalía ante los indicios de que pudiera haber delito de corrupción. El ministerio fiscal lo calificó como una “grosera omisión del procedimiento”. En el momento en que sucedieron los hechos lideraba la Consejería de Educación Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid. Su número dos era Rocío Albert López-Ibor, peso pesado del PP, proveniente de Faes y hoy consejera de Economía y Hacienda de Ayuso. Además, la jueza ha llamado también a declarar como testigo a José María Serrano Adanero, subdirector general de Centros de Educación Secundaria.

Hasta el momento, la actual Consejería (en manos de Emilio Viciana) se ha desentendido de este procedimiento irregular y responsabilizó en su momento al exsubdirector de FP, Alfonso Mateos, imputado y que ya ha declarado en el juzgado. Mateos dijo que el sistema de contratación ha sido este “desde siempre”, que se metían obras como gastos de funcionamiento que no eran de funcionamiento y se defendió evidenciando que las construcciones en centros educativos no eran de su competencia, sino del departamento de Infraestructuras y de la dirección territorial. El excargo de Educación señaló en su declaración que este sistema (que puede constituir un delito) se promovía desde la Consejería, firmaba el consejero y estaba avalado por la dirección general cuya responsable, Coral Báez, ha sido llamada ahora a declarar.

 El primer centro que se conoció fue el Ciudad Escolar. Allí se levantó en 2021 un hospital escuela para que los alumnos de la rama de FP sanitaria hicieran prácticas con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Ni se sacó a concurso ni se adjudicó con las mínimas garantías de competencia, sino que se dio a dedo a un empresario que alertó con burofaxes a la propia Presidencia de la Comunidad de esta práctica a la vista de que le dejaban un impago de 1,6 millones.

Tal y como reveló este medio, al año siguiente se empezó a construir la Escuela de Arte Alcalá con el mismo sistema de pago para abonar 1,2 millones de euros. Se demolió una planta de más de mil metros cuadrados y se levantó un centro de diseño y arte de FP. En este caso, los desembolsos salieron desde tres cuentas públicas diferentes: el Instituto Antonio Machado, la propia Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música. elDiario.es ha acreditado otros ocho centros en los que no se han licitado obras millonarias, entre ellos uno de los proyectos estrella postpandemia de la presidenta de la Comunidad: el centro de FP a distancia Ignacio Ellacuría.

La actual Consejería abrió una investigación y envió el caso a Fiscalía ante la gravedad de los hechos. Una denuncia de Podemos abrió el caso en un juzgado de instrucción, que aglutinó una causa en la que se han presentado como acusación el PSOE, Más Madrid y Comisiones Obreras.