Ex Colonia Dignidad: organizaciones de DDHH denuncian retrasos y opacidad en la expropiación

A pocos meses del término de la administración del Presidente Gabriel Boric, un conjunto de organizaciones de derechos humanos y de víctimas manifestó su “profunda preocupación ante el retraso en el cumplimiento de los compromisos” públicos respecto a la expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad.

La declaración suscrita por 10 agrupaciones —entre ellas la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y el Centro Cultural 119 Esperanzas—, advierte que, pese al anuncio presidencial histórico y a la firma del decreto de expropiación por parte de los ministros de Justicia, Vivienda y Bienes Nacionales, el proceso avanza con falta de transparencia y dilaciones.

Las organizaciones recuerdan que “la expropiación de la ex Colonia Dignidad fue anunciada por el Presidente de la República ante el Congreso Nacional, en una señal histórica para avanzar hacia la recuperación de ese enclave criminal”. Este anuncio se materializó con la firma del decreto que permite la expropiación de 117,27 hectáreas, declaradas Monumento Histórico en 2016 por su vinculación con crímenes de la dictadura.

Sin embargo, las agrupaciones denuncian que: “Tras el anuncio presidencial, no se ha realizado ninguna reunión formal con el conjunto de las organizaciones, tampoco se ha socializado información sustantiva sobre el real avance del mandato”. Critican que la información oficial “abre más preguntas que respuestas”.

Obstruccionismo y dudas sobre el alcance real

Uno de los puntos más críticos se refiere a la tasación de los terrenos. Según la declaración, el SERVIU del Maule, encargado de esa tarea, informó el 12 de noviembre que “a la fecha no se ha designado la comisión de peritos tasadores”, negando además “información básica sobre el mandato a entregar a los tasadores”. Esta opacidad, señalan, “impide conocer qué terrenos, infraestructuras y bienes están siendo efectivamente considerados para expropiar”.

Esta falta de claridad genera una inquietud fundamental para las agrupaciones: “¿Se expropiarán las 117,27 hectáreas comprometidas o se expropiará solo lo que los colonos a cargo de la Colonia están dispuestos a vender?”. Temen que se dejen fuera “espacios fundamentales para las víctimas y para el trabajo de memoria, verdad y justicia”.

Las organizaciones alertan sobre “las redes y mecanismos obstruccionistas que la Colonia ha utilizado desde sus orígenes para impedir y retrasar los procesos de justicia y verdad, y que hoy vuelve a usar impidiendo la tasación”.

Frente a este escenario, las agrupaciones firmantes exigen al gobierno que “cumpla de inmediato con sus compromisos”, que “transparente la información relativa a los avances” y que “convoque a las organizaciones de la sociedad civil a participar y trabajar conjuntamente en el desarrollo del Sitio de Memoria”.

Subrayan que el proceso debe “responder a la memoria de las víctimas, según estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y no a los intereses económicos de los empresarios alemanes”.

“Nuestra lucha histórica por verdad, garantías de no repetición, justicia, memoria y reparación no se detendrá, y seguiremos exigiendo la expropiación y apertura de Colonia Dignidad, porque no permitiremos que vuelva a extenderse un manto de impunidad sobre los crímenes de este enclave”, aseveraron las organizaciones.