El Gobierno prorroga los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos en 2026
El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar los incentivos fiscales a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga eléctrica, con deducciones de hasta el 15% en el IRPF.
Esta iniciativa forma parte del Real Decreto-ley aprobado este martes, que prorroga medidas del escudo social para 2026, entre las que se encuentran otros asuntos en materia de fiscalidad como los incentivos para obras de eficiencia energética y para realizar reformas para rehabilitar viviendas o edificios, con deducciones del 20%, 40% o 60%.
Recientemente, el Gobierno acordó poner en marcha el Plan Auto+, por el cual se pondría en marcha una partida de hasta 400 millones de euros para impulsar la demanda de vehículos eléctricos entre clientes particulares, en línea con el Plan Moves III, cuya vigencia expira este próximo 31 de diciembre.
Dicho plan contará con fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con el Plan Moves III), con el fin de garantizar una mayor velocidad y homogeneidad en la gestión de ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias "cuando realmente lo necesitan".
Asimismo, el Ministerio de Industria garantizó en las últimas semanas una dotación extraordinaria de 400 millones de euros del IDAE para completar el presupuesto del Plan Moves III antes del cierre del año para aquellos usuarios —unos 40.000 según fuentes del sector— que se habían quedado a la espera de recibir su ayuda correspondiente.
El auge de las ventas de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) ha hecho que estos modelos hayan alcanzado una cuota superior al 20% en 2025. Ello provocó que mercados como Madrid y Cataluña agotasen sus fondos en julio y septiembre, respectivamente, y que actualmente casi todas las comunidades autónomas hayan agotado los fondos. El sector estima que querían pendientes de pago unos 300 millones de euros.