La Audiencia de Valladolid ha impuesto una multa de 4.860 euros al empresario agrícola Fabián A.T. por contratar trabajadores extranjeros 'sin papeles', a los que utilizó , sin darles de alta en la Seguridad Social, para la campaña de recogida de patatas en Alaejos durante el verano de 2021. Aunque el fiscal del caso había pedido una condena de dos años de cárcel por delito contra los derechos de los trabajadores y, alternativamente, un año por contratación reiterada de trabajadores irregulares, el fallo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, ha rebajado la pena a una mera multa de 18 meses, con una cuota de nueve euros al día, con la atenuante de dilaciones indebidas. Durante el juicio, en el que el ahora condenado ni siquiera llegó a comparecer , uno de los testigos, vecino de los 'sin papeles', denunció que Fabián dispensaba un trato poco amistoso a quienes tenía a su cargo, que además vivían en condiciones no muy agradables. «¡Vamos, perros, a trabajar»! , son los términos en los que, según aseguró dicho testigo, se solía dirigir a su cuadrilla de temporeros irregulares. La frase la reprodujo en sala un vecino de Alaejos que vivía en una casa contigua a la ocupada por las víctimas, y que compareció en el juicio como testigo para ratificar lo que los 'sin papeles' le llegaron a confesar el día en el que se presentó en su vivienda para interesarse por ellos, preocupado por su situación y ante la actitud «huidiza» de sus convecinos. El testigo explicó que los ocupantes de dicho inmueble, cerca de una docena, de nacionalidad argelina, serbia y colombiana, además de un español, le pusieron al corriente de las malas condiciones en las que vivían, compartiendo cada tres de ellos habitación en una casa por cuyo alquiler pagaban entre 70 u 80 euros y que les había proporcionado su contratante, al que llamaban Fabián 'el italiano'. «Me contaron que se presentaba de madrugada en la casa con otro individuo al grito de '¡vamos, perros, a trabajar!', para acto seguido llevarles al tajo para recoger patatas, trayecto por el que cada uno de ellos pagaba además cinco euros», testificó. «Sólo si llovía no iban a trabajar», recriminó el vecino de Alaejos, quien declaró que los irregulares vivían «con miedo, de verdad» porque el empresario y el otro individuo les tenían amenazados para que no se fueran y les habían aleccionado para que no salieran de casa y no se dejaran ver por el vecindario. «Les dijeron que los españoles son muy racistas y podían echarles del pueblo», es también la advertencia que el testigo aseguró que le transmitieron las supuestas víctimas. No fue hasta el día 11 de septiembre de 2021 cuando una patrulla de la Guardia Civil se personó en la vivienda citada, sita en la calle Pastores de Alaejos, tras recibir aquel día la llamada de otro vecino distinto que requería su presencia ante una discusión registrada entre el citado Fabián y varios de estos trabajadores que le exigían el pago del jornal prometido. Los agentes relataron en el juicio que al llegar trataron de mediar y al final tanto el 'italiano' como su madre abonaron a los reclamantes el jornal. Con posterioridad, otros tres afectados, de origen argelino, comparecieron en el cuartel de Castronuño para denunciar que tampoco a ellos se les había pagado el dinero convenido, de ahí las diligencias de investigación iniciadas que han culminado en el presente proceso judicial en el que únicamente ha llegado a testificar uno de los supuestos perjudicados, Hamed, quien, por videoconferencia desde Ayamonte (Huelva), manifestó que el acusado le reclutó como temporero tras encontrarle durmiendo en un parque Medina del Campo y que trabajó para él por espacio de unos dos meses, con jornadas a destajo en las que los participantes en la campaña de la patata se repartían entre 15 y 17 euros por saca recogida. El trabajador argelino reconoció que tanto él como los otros dos denunciantes, de la misma nacionalidad, se encontraban de forma irregular en España y que ni contaban con contrato ni estaban dados de alta en la Seguridad Social. Confirmó que, además del alquiler de una casa donde cada una de las cuatro habitaciones era compartida por tres compañeros, tenían que pagar cada uno 5 euros por el traslado hasta el lugar de trabajo. También aseguró que su empleador les sometía a un cierto control para evitar que se marcharan o se relacionaran en el pueblo. Pese a ello, la defensa pidió un fallo absolutorio pues, como así esgrimió, «no se han acreditado los hechos ni se ha desvirtuado la presunción de inocencia» de su cliente, ni tan siquiera, a su juicio, se ha podido probar que Fabián fuera el empleador de estos trabajadores ni la situación laboral de las supuestas víctimas.
