CUT defiende protocolo con el Gobierno: acusan “campaña de descalificación” contra funcionarios públicos

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, salió con fuerza a responder las críticas surgidas desde la oposición —especialmente desde el entorno del presidente electo José Antonio Kast— al protocolo de acuerdo suscrito entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y la Mesa del Sector Público, documento que incluye una norma destinada a regular la no renovación de contratas y que ha sido calificada por sus detractores como una “ley de amarre”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Díaz cuestionó el tono del debate y aseguró que las normas establecidas no protegen a cargos de confianza política, por lo que acusó que se ha desviado el foco de la negociación.

“Yo creo que esta es una discusión lamentable, porque desvía el fondo de lo que fue netamente la negociación. Tiene una instrumentalización claramente más política que una preocupación real por los trabajadores del Estado”, afirmó.

El dirigente explicó que la negociación se desarrolló en un contexto particular: “Cada negociación tiene un contexto, y esta se dio en el marco de un cambio de gobierno. En ese escenario, la Mesa del Sector Público definió tres ejes esenciales: trabajo decente, estabilidad laboral y condiciones dignas”.

Respecto de la estabilidad laboral, Díaz vinculó la discusión con el clima político previo a la elección presidencial. “Durante la campaña se habló de los funcionarios públicos de forma muy provocativa y descalificadora. Se les trató de ‘parásitos’ o de ‘la grasa del Estado’. Eso obviamente genera preocupación. Ha habido una campaña de descalificación”, aseveró.

En ese contexto, explicó que la norma incluida en el protocolo apunta a establecer el concepto de “confianza legítima”, pero descartó tajantemente que se trate de un amarre político. “No es para apitutar ni para dejar gente amarrada. No existe la inamovilidad en los honorarios ni en las contratas; solo existe en las plantas. Aquí hay una falta de comprensión lectora”, enfatizó.

¿Qué dice la norma cuestionada?

En el texto de 14 páginas y 26 puntos, se señala lo siguiente: el punto 14 sostiene que se incorporará una norma que dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico.

En estos casos, el acto deberá notificarse íntegramente conforme al artículo 46 de la ley N° 19.880 con, a lo menos, 30 días de anticipación a la fecha en que produzca efectos y la autoridad otorgará facilidades para el goce del feriado legal cuando corresponda. Dicho acto será remitido a la Contraloría General de la República para su registro.

Los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos.

El incumplimiento de las exigencias de fundamentación y procedimiento dejará sin efecto el acto, debiendo reincorporarse al funcionario y pagarse íntegramente las remuneraciones por el tiempo de separación. Si existe fuero laboral, se aplicará la normativa vigente. La referida norma será sin perjuicio de las causales de cese de funciones contempladas en el artículo 146 de la ley N 18.834 у en el artículo 144 de la ley N° 18.883, según corresponda, u otras establecidas en leyes especiales.

En su punto 15, el documento señala que se incorporará una norma que regule al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, SEREMI y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación, en conformidad a lo establecido en el anexo 1.

“Garantizar el debido proceso”

El presidente de la CUT detalló que la medida busca garantizar un debido proceso para los trabajadores. “Lo único que se pide es que a una persona que lleva uno, dos, cinco o diez años trabajando en el sector público, y que tiene buenas calificaciones, se le diga por qué va a ser desvinculada”, explicó, agregando que “esto no tiene nada que ver con impedir despidos, sino con transparencia y fundamentos”.

Asimismo, fue enfático en señalar que la norma no protege a cargos de confianza política: “Si un ministro o un subsecretario llevó gente para trabajar con él, esas personas deben irse con la autoridad que los trajo. Esto no tiene nada que ver con amarrar a personas que apoyaron la gestión del gobierno”.

José Manuel Díaz advirtió que el discurso crítico de la oposición revela una visión preocupante sobre el rol del Estado. “Lo que nos llama la atención es que están más preocupados de desvincular gente para meter gente, y no de cómo funciona el Estado. Eso demuestra que hay quienes consideran al Estado como un botín”, sostuvo.

En esa línea, alertó sobre el impacto humano de este tipo de discursos, aseverando que “se deja en la ambigüedad a miles de funcionarios y a miles de familias. Se habla de crecimiento y desarrollo, pero al mismo tiempo se instala una lógica de caza de brujas“. Además, subrayó que el objetivo del acuerdo es garantizar un trato justo y digno: “Nosotros no estamos defendiendo a malos funcionarios. Los malos funcionarios deben salir con este gobierno o con cualquier otro. Lo que estamos pidiendo es un trato digno, decente y un debido proceso para los trabajadores del Estado”.

El dirigente adelantó que la CUT y las organizaciones sindicales expondrán en el Congreso durante la discusión legislativa, acudiendo a las comisiones respectivas para “mostrar casos concretos y reales, para que quede claro que lo que buscamos es justicia laboral, nada más”.