El corporativismo parlamentario intenta consolidarse
El actual proceso electoral ha dejado en evidencia la lógica corporativa de autopreservación que atraviesa a buena parte del Congreso y que amenaza con proyectarse hacia el próximo periodo. Se trata de una comportamiento sistemático orientado a asegurar la reproducción del poder parlamentario que actualmente ya rige en el Perú y ha sometido, entre tantas instituciones, a la propia presidencia de la República.
De acuerdo con La República, 90 % de Fuerza Popular, el 82 % de Renovación Popular, el 73 % de Podemos Perú, el 67 % de Perú Libre, el 64 % de Juntos por el Perú y el 59 % de Alianza para el Progreso concentran congresistas que buscan la reelección en los próximos comicios.
A lo largo de las últimas legislaturas, estas bancadas, más allá de sus diferencias ideológicas, han actuado con frecuencia como cuerpos cerrados, coordinándose para controlar la agenda, debilitar organismos autónomos y reconfigurar reglas políticas que afectan su propia fiscalización. En ese marco, la reelección opera menos como mecanismo de rendición de cuentas y más como dispositivo de blindaje.
Paralelamente, emerge también la estrategia de supervivencia: el reciclaje electoral. Congresistas de esta legislatura que buscan reinsertarse en nuevos vehículos partidarios que, bajo la retórica de la renovación, los incorporan a listas al Senado o a la Cámara de Diputados.
La alternancia, principio constitutivo de la democracia, es reemplazada por una circulación interna del poder, donde los actores migran de una sigla a otra para asegurar su permanencia. Es una deriva corporativista de facto, pragmática y defensiva, que concibe el Parlamento como un espacio a copar antes que como una institución al servicio del interés público.
El problema no es la reelección en abstracto, sino su ejercicio en un contexto de captura institucional y descrédito social. Quienes buscan permanecer son los mismos que han contribuido a erosionar los contrapesos del Estado. Es por ello que la sola reelección adquiere un cariz autoritario.
Los peruanos deben reconocer que lo que está en juego es la posibilidad de que el próximo Congreso sea la prolongación —directa o encubierta— de una legislatura que profundice la crisis y genera mayor desestabilización. Advertirlo es una exigencia mínima de responsabilidad democrática.