Una Navidad de espaldas a las niñas, por Eliana Carlin
Los diciembres, y más específicamente las fiestas navideñas de los últimos años, han estado marcados por episodios políticos como indultos polémicos, masacres impunes, intentos de golpe de Estado y cambios abruptos de gobierno. En esta víspera de Navidad de 2025, mientras el país se prepara para un escenario electoral del 2026 ya definido por una fragmentación extrema y una política de clanes familiares, se cierra el año con un triste regalo: la promulgación de la Ley 32535, que elimina el enfoque de género de todas las políticas públicas y lo reemplaza por una falsa “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.
Esta norma, impulsada por sectores fundamentalistas que se declaran defensores de la “familia tradicional”, no es solo un cambio terminológico. Representa un paso atrás deliberado en la lucha contra la discriminación y la violencia estructural que afecta principalmente a mujeres y niñas, ignorando advertencias de la ONU sobre su potencial retroceso en derechos humanos. Y en un país donde la desigualdad de género se cobra vidas y dignidades todos los días, esta ley golpea con especial crueldad a las más vulnerables: las niñas indígenas de la Amazonía.
En la provincia de Condorcanqui, en la Amazonía peruana, la extrema pobreza y el abandono estatal han convertido la falta de toallas higiénicas en un factor de vulnerabilidad extrema para las niñas awajún y wampis. Según denuncias recopiladas por la lideresa indígena Rosemary Pioc, varios docentes han explotado esta carencia ofreciendo productos básicos de higiene menstrual a cambio de favores sexuales. Este modus operandi agrava los más de 500 casos de abuso sexual registrados entre 2010 y 2024, muchos perpetrados precisamente por profesores en escuelas rurales remotas.
La gravedad de no contar con productos de higiene menstrual va más allá de lo sanitario: obliga a muchas escolares a ausentarse de clases durante su período, eleva el riesgo de infecciones y, en el contexto de Condorcanqui, las expone como presas fáciles a depredadores protegidos por la impunidad. Sin un enfoque de género que reconozca las desigualdades estructurales, ¿cómo se diseñarán políticas efectivas para combatir esta doble violencia: la económica y la sexual?
La solución estructural exige presencia estatal urgente: distribución gratuita y obligatoria de productos menstruales a través del Minedu, el Minsa y el Midis, junto con sanciones efectivas a los responsables y educación pertinente. En lo que resta de este período congresal, debe establecerse por ley esta distribución obligatoria de productos, antes de que la nueva norma diluya aún más las herramientas para proteger a las niñas. En este caso, las toallas higiénicas significan la dignidad de nuestras niñas.
Existe una urgencia impostergable por políticas que garanticen la gestión menstrual digna como derecho humano básico en las zonas más vulnerables del país. Pongámonos manos a la obra por las niñas de Condorcanqui y de todo el Perú.