¿Hay concentración de concesiones mineras?, por José de Echave
Finalmente, y como era previsto, el pasado 17 de diciembre la Comisión Permanente del Congreso aprobó una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), en esta ocasión por un año, es decir hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de una Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).
¿Esta será la última ampliación? Es probable que no, por la sencilla razón que los principales grupos de interés no asumen la responsabilidad de discutir en serio una salida para un problema que, desde hace tiempo, se ha salido de control. Cuando nos referimos a los grupos de interés, hablamos de los mineros y sus organizaciones (Cofemin, Fenaparpe, etc.), el Congreso de la República, el Ejecutivo, el empresariado minero formal y su gremio, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entre otros actores.
Además, a estas alturas, se debería reconocer que no solo se trata de elaborar una ley específica para este tipo de minería (Ley MAPE), sin mirar todo el marco legal e institucional de la minería. Se sigue pensando que la minería artesanal y de pequeña escala constituyen espacios disociados del resto de estamentos de la producción minera y que no existen conexiones que deban ser reconocidas y atendidas por un nuevo marco legal e institucional. La Ley General de Minería, que data de 1992, fue concebida principalmente en función de la gran y la mediana minería. Apenas dos artículos mencionan a la pequeña minería, limitándose a definirla en función de la extensión de las concesiones y niveles de producción.
La pequeña minería y todas sus ramificaciones (artesanal, informal, comunal, etc.) han sido tratadas como actividades marginales por el marco legal en las últimas décadas. Recién ahora, cuando ha adquirido la magnitud que se constata en buena parte del país, se intenta reaccionar. No obstante, ello ocurre sin revisar una estructura legal e institucional con más de treinta años de vigencia, que no permite dar respuesta a un fenómeno desbordado y que, en varias zonas, pretende ser controlado por redes de economías ilegales y el crimen organizado.
Muchos de los cuellos de botella que deben ser atendidos se encuentran en la Ley General de Minería. Solo un ejemplo, el de las concesiones mineras, uno de los temas en debate y que requiere ser tratado con profundidad.
Lo que dice la data de concesiones mineras
En la actualidad el 15.88% del territorio nacional se encuentra concesionado para la minería. Observando la evolución de las concesiones en el presente siglo, es notorio que en el período 2003-2013 se produjo una expansión notable en buena parte del país, alcanzando un pico de más de 26 millones de hectáreas concesionadas, en un contexto marcado por el super ciclo de precios de los minerales y por una intensa actividad de exploración. Luego de la etapa de expansión de concesiones mineras, entre el 2014 y el 2016, se produce un descenso que corresponde al período del post súper ciclo en el que la inversión minera a nivel global se contrajo, y a partir del 2016, salvo algunas ligeras variaciones, se observa una cierta estabilidad. No obstante, cabe resaltar que al cierre del año 2025 las concesiones mineras alcanzaron su punto más alto desde el año 2016.
¿Existe concentración de concesiones mineras en el Perú? Un primer dato clave es que a finales del 2025 existen 19,151 titulares de concesiones mineras que ocupan 20’463,015.51 hectáreas, lo que representa el 15.88% del territorio nacional. ¿Cómo se distribuyen estas concesiones? Un primer análisis que se puede hacer es en función de los estratos de la producción minera: gran y mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. Utilizando esta clasificación, Mauricio Pinzás (2025) obtiene los siguientes resultados que grafican el panorama de la distribución de las tierras para la minería en el Perú.
El estrato de la gran y mediana minería concentra casi dos tercios de toda la superficie concesionada a nivel nacional (63.06%), pese a estar conformada solo por 812 titulares (de un total de 19,151), es decir el 4% de todos los titulares mineros del país. Según Pinzás, este hallazgo se ve matizado por la siguiente salvedad: el rango de área del estrato de la mediana y gran minería es muy amplio, ya que incluye todo lo que va desde las 2,000 hectáreas hasta concesiones muchísimo más extensas. En ese sentido, el detalle del análisis no distingue a la gran minería de la mediana minería.
En contraste, el estrato de la minería artesanal concentra a la gran mayoría de los titulares mineros del país (86% de los titulares), pero solo dispone del 23.51% de la superficie concesionada a nivel nacional. La pequeña minería engloba al 10% de los titulares mineros del país, y un 13.44% de las tierras concesionadas.
Con la salvedad señalada, los datos muestran claramente que, aplicando el criterio del tamaño de las concesiones para distinguir los estratos de la minería, se observa una distribución desigual. Un número bastante reducido de los titulares concentra casi dos tercios de las tierras concesionadas para la minería en el Perú. Focalizando un poco más el análisis, el 1% de titulares mineros controla el 50.11% del territorio concesionado. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una distribución desigual de los derechos mineros y claramente es el sector de la gran y mediana minería el que concentra el mayor porcentaje del territorio concesionado.
El otro tema que se discute es si existen o no concesiones “ociosas”. En relación a este punto, el propio Minembrinda la información que se resume en sus publicaciones de la siguiente manera: las unidades que se encuentran en producción y en exploración minera suman 1’944,631 hectáreas. Si se agregan las concesiones que ocupan las plantas de beneficio, las de cateo y prospección, preparación y desarrollo, cierre progresivo, cierre final y elposcierre, se llega a 2´329,520 hectáreas. Como se ha mencionado, a finales del año 2025 hay 20’463,015.51 hectáreas concesionadas, por lo que el área no utilizada sería 18´133,495.51 hectáreas.
Todos estos puntos deben ser abordados de la manera más seria posible, abriendo el abanico de temas fundamentales. Si no entendemos que las salidas a un problema tan complejo pasan, en parte, por revisar el marco legal e incorporar a los verdaderos mineros artesanales y de pequeña escala, así como a los informales que buscan regularizar su situación, seguiremos sin encontrar soluciones que permitan revertir la situación que se vive en varios territorios.
La pregunta que corresponde plantear a los diferentes estamentos de la minería es cuánto están dispuestos a ceder en sus agendas e intereses de grupo para construir respuestas que atraigan a los verdaderos mineros y los aíslen de los ilegales y del crimen organizado.