La verdadera cara de la contaminación en Nuevo León
Cada invierno, la Zona Metropolitana de Nuevo León amanece bajo un velo rojizo que reaviva la discusión pública sobre la calidad del aire y la responsabilidad de la industria. La reacción, ahora del gobierno de Samuel García, suele ser tan inmediata y visceral como buscar culpables visibles, exigir sanciones rápidas y proponer soluciones espectaculares.
Sin embargo, esta narrativa ignora un elemento incómodo pero fundamental. Pues no todo episodio de mala calidad del aire tiene un origen humano, y mucho menos industrial.
Persistir en esa simplificación no sólo es técnicamente incorrecto, sino que debilita la formulación de políticas ambientales eficaces.
La “calima” es un fenómeno atmosférico bien documentado en regiones semiáridas del mundo y responde a la resuspensión de polvo del suelo por acción del viento. En el caso del Área Metropolitana de Monterrey, la combinación de extensas zonas sin cobertura vegetal en la periferia, rachas de viento superiores a los 15 kilómetros por hora y una cuenca que limita la dispersión de contaminantes crea las condiciones ideales para su aparición. No es una anomalía ni un evento extraordinario; es una consecuencia predecible del entorno geográfico y climático que rodea a la ciudad.
Los datos lo confirman con claridad. Durante estos episodios invernales, las concentraciones de partículas PM10 se disparan muy por encima de las PM2.5, una relación típica de ambientes dominados por polvo mineral y no por emisiones de combustión. Mientras que en escenarios urbanos de origen antropogénico esta proporción rara vez supera el doble, en eventos recientes en Monterrey se ha observado una relación mayor a cuatro. Ese indicador, utilizado de forma rutinaria en estudios atmosféricos, permite distinguir entre contaminación generada localmente y aportaciones naturales transportadas por el viento.
Esto no significa minimizar los riesgos. El polvo en suspensión afecta la salud, reduce la visibilidad y puede transportar metales y microorganismos. Tampoco implica absolver a la ciudad de su responsabilidad ambiental. La calima se suma a un contexto urbano ya cargado por el tráfico, la construcción desordenada y otras fuentes locales de emisiones. El resultado es un deterioro acumulativo de la calidad del aire que golpea con mayor fuerza a los grupos vulnerables. Negar el componente natural, sin embargo, conduce a diagnósticos erróneos y a decisiones costosas con escaso impacto real.
En este contexto, insistir en responsabilizar de manera automática a sectores específicos, como la industria extractiva, de construcción o de cualquier índole, distorsiona el debate público. La superficie descubierta de estas actividades es marginal frente a la magnitud de los terrenos áridos que rodean a la metrópoli, y además operan bajo normas que exigen controles de polvo. Propuestas como cubrir instalaciones con domos pueden sonar atractivas políticamente, pero revelan un desconocimiento profundo de la dinámica atmosférica y de la verdadera escala del problema.
Monterrey necesita una conversación más madura sobre su aire. Reconocer la existencia de la calima no es una concesión a nadie, sino un paso indispensable para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Fortalecer el monitoreo, ordenar el crecimiento urbano, controlar las fuentes locales que sí son evitables y comunicar con claridad a la población es mucho más efectivo que buscar culpables fáciles. La ciencia no elimina el problema, pero evita que lo enfrentemos a ciegas.