Bolaños y los jueces «ponedores»
Jueces ponedores. La idea no es de ahora, me viene rondando casi dos décadas. Puedo transformarla rápidamente en mi magín en una línea de puertas tras la que, cloqueando o en silencio, decenas de jueces se afanan hasta «poner» una sentencia o un auto u otra resolución.
Luego una eficiente cinta transportadora se llevaría el producto de su empolle para introducirlo en el sistema mientras los de las puñetas vuelven a incubar el siguiente producto resolutivo.
El nuevo año nos ha traído el definitivo modelo de juez ponedor, que llevaba tiempo en diseño, pero al que ha terminado de dar forma el inefable Bolaños.
Los nuevos Tribunales de Instancia, más allá del carajal organizativo y de mudanzas que van a provocar, son la instauración definitiva de las líneas de ponedores y ponedoras –en este caso no hay que sexar al togado– que nos hacen llegar al juez más pelado de poder que nunca ha contemplado la democracia: aquel que solo conserva el esqueleto constitucional de su función, juzgar y ejecutar, mientras que todo lo demás ha sido absorbido por otras estructuras que, como no, tienen dependencia ministerial.
A Bolaños se le ha quedado en el bolsillo legislador solo una de ellas: la de quitarles la instrucción penal para dársela a un Ministerio Fiscal cada vez más dependiente del Gobierno, limitando la acusación popular.
Roguemos para que, Junts mediante, continúe la zancadilla a este último proyecto para dejar el proceso penal bien amarrado por el poder ejecutivo.
Les resumo lo de la nueva ley que a la chita callando para el ciudadano acaba de entrar en vigor. Ya no hay juzgados como ustedes los conocieron.
Ese juzgado con su juez, su antiguo secretario judicial ahora LAJ (Letrado de la Administración de Justicia), sus funcionarios y hasta su espacio físico propio. Ese pequeño reino de taifas en el que el juez era casi un dios procedente de la concepción napoleónica. Adiós.
Ahora hay «puestos judiciales», los de las gallinas ponedoras, y una oficina judicial llena de funcionarios a las órdenes del LAJ que, por tanto, ordena el proceso. Todo para modernizar, llenar de eficacia y gerenciar el esfuerzo –así lo han justificado todos los políticos que han metido mano en ello– aunque con la peculiaridad de que a esa inmensa maquinaria burocrática la manejan los LAJ que tienen dependencia de sus jefes territoriales que a su vez dependen de la Secretaria General de la Administración de Justicia.
Resumiendo: que el juez pasa a «poner» resoluciones y resolver y que todo el resto del engranaje ha salido de su control para pasar a controles más prosaicos.
Este proceso no es nuevo, por eso les digo que la idea de los «ponedores» me vino a la cabeza hace tiempo. El primer paso en esa quita al poder del juez lo llevó a cabo, cómo no, Felipe González allá por 1996 cuando les arrebató la decisión pura y dura de enviar o no a los imputados a prisión preventiva. En esa fecha se hizo la reforma que obligaba a que el fiscal o una de las acusaciones tuviera que solicitarlo ya que, de no hacerlo, el juez no tiene más remedio que dejar en libertad al detenido.
La reforma iba convenientemente camuflada en la Ley del Jurado, con la que no tenía nada que ver, y fue poco debatida. El resultado evidente es que en los miles de procedimientos en los que solo actúa el fiscal éste tiene el poder de decidir que los imputados queden en libertad, le basta con no pedir la prisión.
Como aquí no hay inocentes, en 2003 gobernando Aznar, se le quitó al juez también la facultad de señalar sus propios juicios y ésta se dio a los secretarios judiciales dependientes del ministerio que, a partir de ese momento, podían fijar la fecha de juicio según su criterio lo que, no pasó desapercibido, podía ofrecer una ventaja política si se intentaba para la determinación de fechas de juicios de importancia política. Nunca jamás lo habían reivindicado ni secretarios ni jueces, era una opción política.
Como parecía engorroso que una persona que no tenía que juzgar decidiera cuándo y en cuánto tiempo se hacían las vistas, se llevó con cierta coordinación en los juzgados y salas en las que había buen rollo y en las que no, pues eso. Pero se lo quitaron.
La siguiente valla para poner coto al juez consistió en la creación por Aznar de la figura del Secretario General de la Administración de Justicia como máxime regidor en el ministerio que reinara sobre los entonces secretarios generales.
La primera vez que se cubrió este puesto fue en 2008, en el gobierno de Zapatero, y lo asumió la fiscal Pilar Rodríguez Fernández, conocida de todos ustedes por ser la fiscal jefe provincial de Madrid y haber estado primero imputada y luego haber sido testigo a favor del fiscal general del Estado en su juicio. Nada ideológica.
O sea que, como los propios secretarios judiciales decían entonces, quedaba claro que la cadena de mando fijada en el papel en 2003 y nunca llevada a la práctica, se completaba para algo.
A continuación vino la denominación de Letrado de la Administración de Justicia y el aumento de competencias para estos y, por último, este invento de los Tribunales de Instancia que dejan el poder del juez en las raspas, ya que hasta el reparto de asuntos entre los distintos «ponedores» pasa del decanato de los jueces a los LAJ que ya hacen las diligencias de ordenación, decretos, actos de comunicación, costas y tasaciones y tantas otras cosas.
No sé si a los ciudadanos nos interesa esa desviación de funciones del juez a funcionarios dependientes del poder político, pero no me cabe duda de que a ellos sí. Pueden ponerle música de modernización, pero suena al endemoniado baile de «poned, poned, malditos».