La Seguridad Social lo deja claro: estos son los únicos casos en los que puedes exigir el pago en efectivo de tu nómina
Aunque la transferencia bancaria es el método habitual y preferente para abonar las nóminas en España, la legislación laboral contempla excepciones limitadas que permiten el pago del salario en efectivo.
La Seguridad Social aclara que esta modalidad está estrictamente regulada para combatir el fraude y garantizar los derechos del trabajador, pudiendo los empleados exigirla solo bajo circunstancias muy concretas, el marco legal combina lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores con la normativa antifraude fiscal, siendo el límite infranqueable los 1.000 euros por pago.
La base principal se encuentra en el artículo 29.4 del Estatuto de los Trabajadores, que permite el pago mediante cheque u "otras modalidades" como el efectivo. No obstante, la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que desde 2023 redujo el límite para operaciones en metálico de 2.500 a 1.000 euros, es la que establece el tope económico inviolable.
Quién puede solicitar el cobro en efectivo y cómo debe hacerse
Esta posibilidad está pensada para situaciones donde el importe total de la nómina no excede los 1.000 euros, como en el caso de trabajadores con salarios bajos, contratos a tiempo parcial, jornadas reducidas o empleos temporales de corta duración.
Su uso responde a necesidades específicas, como la desconexión digital de algunos empleados o la preferencia personal, pero nunca puede ser impuesto por el empresario si el trabajador prefiere la transferencia.
Para que el pago en metálico sea legal y válido, es imperativo seguir un procedimiento que garantice la trazabilidad, el requisito fundamental es la existencia de un comprobante firmado por el trabajador que acredite la recepción del dinero.
El empresario debe conservar esta documentación ante posibles inspecciones laborales o reclamaciones, incumplir estos requisitos, ya sea pagando por encima del límite legal o sin dejar constancia, expone a la empresa a sanciones económicas que pueden alcanzar hasta el 25% del importe abonado indebidamente.
Las autoridades recomiendan priorizar siempre los métodos de pago que dejan registro automático, como las transferencias, para asegurar la transparencia y la seguridad jurídica de empleadores y empleados.