La brecha entre las rentas de los caseros e inquilinos por comunidades: hasta un 124% en la Comunidad Valenciana
Consumo pone a los caseros en la diana por la crisis de vivienda tras la propuesta de Sánchez de bonificarles el 100% de los rendimientos por alquiler en el IRPF y advierte de que sus rentas superan en un 82% a las de los inquilinos. En concreto, datos preliminares de un informe que el Ministerio de Consumo está elaborando y al que ha tenido acceso LA RAZÓN apuntan a que la brecha de ingresos entre los caseros y los inquilinos es de 23.638 euros, al tener los arrendadores una renta mediana de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos.
Esta brecha se ensancha en algunas regiones, donde la renta de los caseros ya dobla a la de los inquilinos. Se trata de la Comunidad Valenciana con un 124% (23.383 euros de renta mediana de los inquilinos vs. 52.279 euros de renta de los caseros); Extremadura con 117% (20.260 euros vs. 43.926 euros); Murcia con un 114% (23.702 euros y 52.449 euros); Castilla-La Mancha con un 103% (20.538 euros vs. 41.762 euros); Galicia con un 99% (28.091 euros y 55.915 euros); Canarias con 97% (25.523 euros vs. 50.310 euros); Cantabria con un 97% (26.408 euros vs. 52.036 euros) y Asturias con un 97% (28.126 euros vs. 55.475 euros).
Las menores distancias entre rentas de caseros las registran en cambio, La Rioja, con un 63% (31.053 euros vs. 50.505 euros); Castilla y León con un 64% (29.377 euros vs. 48.055 euros); Baleares con otro 64% (36.952 euros vs. 60.719 euros) y Ceuta con un 71% (35.949 euros vs. 61.389 euros). También por debajo de la media se sitúan Melilla con un 74% (26.597 euros vs 46.323 euros); Aragón con un 75% (31.423 euros vs. 54.985 euros); y Madrid con un 77% (35.325 euros vs. 62.580 euros). Y en la media está Andalucía (25.493 euros vs. 46.450 euros).
Según Consumo, de renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre caseros e inquilinos aumentaría en 2.216 euros de media, hasta un 90%, al elevarse la renta mediana de los caseros hasta los 52.665 euros. En tal caso, la mayor brecha entre la renta de los inquilinos y la de los caseros alcanzaría el 136% en la Comunidad Valenciana. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, subraya que destinar recursos públicos "a los propietarios y a los caseros, a quienes tienen prácticamente el doble de renta que los inquilinos, que son quienes están están sufriendo esta crisis, es una medida que nosotros no compartimos y no vamos a compartir en ningún caso".
Es lógico que aquellos que son propietarios tengan rentas más elevadas que las de sus inquilinos, pero Consumo ha recurrido a estos datos para defender su postura en contra de que el Gobierno introduzca vía real decreto-ley una bonificación del 100% en el IRPF sobre los rendimientos del alquiler para aquellos propietarios que no suban los precios. El fondo de la medida pretende recompensar a aquellos propietarios que no ejerzan su derecho a fijar el precio de sus arrendamientos con el objetivo de frenar las subidas, pero su diseño tiene lagunas, ya que actualmente se ofrece una reducción fiscal menor (90%) a aquellos propietarios con viviendas alquiladas en zonas tensionadas que rebajen las rentas al menos un 5% respecto al contrato anterior.
Sumar defiende, como alternativa su propuesta de prorrogar automáticamente 632.369 contratos de alquiler finalizarán en 2026, lo que beneficiaría a más de 1,6 millones de personas que podrían sufrir un incremento anual de 1.735 euros de media con la renovación. Suman otros 405.234 que vencerán en 2026, los beneficiados podrían alcanzar los 2,7 millones de inquilinos.
Con la crisis de vivienda reducida a una lucha entre caseros e inquilinos, Sumar asegura que los únicos perjudicados por esta medida serían "quienes pretendan utilizar la renovación de un contrato de alquiler para subir un 40% el precio de las casa". Aunque el partido liderado por Yolanda Díaz y las agencias inmobiliarias coinciden en que la medida anunciada por Sánchez no atajará el problema de la vivienda en España, sus argumentos son distintos. Sumar pone en el centro del problema a los propietarios, mientras que las agencias inmobiliarias hablan de la necesidad de dotar al propietario de seguridad jurídica para aumentar la oferta.