Sanz enmarca la investigación por los contratos del SAS en la «estrategia electoral desesperada» del PSOE

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz , ha enmarcado este miércoles las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba para investigar la presunta comisión de diferentes delitos en relación con contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba- Hospital Reina Universitario Sofía en la pandemia, a una «estrategia desesperada» del PSOE andaluz, que «no levanta cabeza electoralmente». En declaraciones a los medios en un acto en Sevilla capital, Sanz ha mostrado su «máxima confianza» en la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la responsable de dicha plataforma y directora del hospital, Valle García. «Todo va a quedar aclarado», ha adelantado el consejero, que ha calificado de «pobreza política» la querella criminal presentada por el PSOE. «El PSOE no tiene capacidad de propuestas más allá de poner denuncias sin ton ni son», ha dicho el consejero, para el que «la duda» del PSOE «no es si ganará las elecciones sino si será tercera fuerza política » en las próximas autonómicas. En relación a las diligencias abiertas, Sanz ha mostrado su «confianza en los juzgados» tras expresa su «respeto y máxima colaboración» con la Justicia. Según recoge el citado magistrado en un auto, las presentes actuaciones iniciadas por el juzgado son la consecuencia de la « querella criminal interpuesta por el PSOE, inicialmente dirigida contra Valle García , en su condición en fecha de autos de directora gerente» de la mencionada plataforma del SAS. La querella, que se presentó el pasado 30 de octubre de 2025, hace referencia a «la existencia de numerosas irregularidades , basadas en esencia en la injustificada utilización de la contratación menor o prórrogas de contratos existentes, como forma de eludir el trámite de procedimiento ordinario, con las consecuencias que podrían derivarse de ello en orden a la vulneración de los principios de competitividad y transparencia en la gestión de los fondos púbicos destinados a las las distintas áreas de la competencia de dicha autoridad administrativa, referidos a los ejercicios 2020 y 2021».