Cuenta atrás para las 35 horas en los funcionarios del Estado: la medida se activará entre febrero y marzo
La reducción de la jornada laboral se ha convertido en uno de los grandes debates en España, con el Gobierno decidido a implantar de forma definitiva la rebaja de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 propuestas por el Ministerio de Trabajo. Aunque el anteproyecto de ley pactado con los sindicatos en febrero de 2025 fue aprobado por el Consejo de Ministros, su rechazo en el Congreso dejó la reforma en punto muerto. Sin embargo, un colectivo sí que avanza en esta materia: los empleados de la Administración Pública, que han recibido señales positivas tras las últimas negociaciones entre sindicatos y Gobierno para aplicar la reducción de jornada en el sector público.
La reducción de la jornada a 35 horas para los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) está a punto de cerrarse y se prevé que entre en vigor entre los meses de febrero y marzo.
UGT asegura que la implantación de la nueva jornada será "inminente", una valoración que el sindicato realiza como miembro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, en la que también participan CCOO y CSIF.
Aunque la Administración aún no ha dado una fecha concreta, desde UGT Servicios Públicos adelantaron antes de las fiestas navideñas que el compromiso es activarla entre los meses de febrero y marzo.
"Para ello, será necesario modificar la instrucción de jornada y horarios de la AGE, con el fin de adaptarla a lo establecido en el Acuerdo Marco y manteniendo el mismo ámbito de aplicación subjetivo que la instrucción actualmente vigente", explicaron.
Regulación del teletrabajo
La regulación del teletrabajo será otro de los asuntos clave sobre la mesa, un ámbito que se desarrollará a partir del acuerdo firmado en abril de 2021 con el entonces ministro Miguel Iceta. El anterior Acuerdo Marco, vigente hasta diciembre de 2024, ya contemplaba la recuperación de esta jornada reducida, aunque su aplicación depende de la negociación en cada Administración Pública. De hecho, muchas administraciones autonómicas y locales ya la han restablecido, mientras que su adopción en la Administración Central se ha ido posponiendo durante años.
Respecto al teletrabajo, UGT Servicios Públicos insiste en la necesidad de un "marco normativo sólido" que garantice una implantación homogénea en toda la AGE. En la primera reunión de seguimiento del acuerdo, celebrada en diciembre, se decidió activar los cuatro grupos de trabajo previstos —empleo, digitalización, salud laboral e igualdad— a partir del 29 de enero. Para el próximo encuentro, el sindicato ha fijado como prioridad la actualización y equiparación de las indemnizaciones por razón del servicio. También se abordarán progresivamente otros asuntos pendientes, como la puesta en marcha de la jubilación parcial, la clasificación profesional, la revisión de clases pasivas, la mejora de las retribuciones del personal del Servicio Exterior, la brecha salarial de género y el mutualismo.