Adiós a las deudas antiguas: las comunidades solo podrán reclamar cinco años de cuotas impagadas
Ocho de cada diez personas en España viven en una de las casi 1,5 millones de comunidades de propietarios existentes. Quienes residen en un inmueble integrado en un edificio están obligados a asumir los gastos comunitarios, tanto generales como extraordinarios. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) —que regula los derechos y obligaciones de los propietarios dentro de una comunidad— establece en su artículo 9 que son obligaciones de cada propietario "contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización".
Aunque estas aportaciones, conocidas como "cuotas de comunidad", son obligaciones individuales, muchos vecinos —ya sea por falta de voluntad o por dificultades económicas— terminan acumulando impagos que afectan al conjunto del edificio. La morosidad se ha convertido, de hecho, en uno de los problemas más frecuentes en las comunidades de propietarios.
Los vecinos morosos deben regularizar sus pagos lo antes posible, aunque no todas las deudas son exigibles. El Tribunal Supremo ha establecido que las cuotas comunitarias prescriben a los cinco años —y no a los 15 que fijaba el antiguo Código Civil—. Este plazo se aplica sin excepción, incluso para las deudas anteriores a la reforma de la Ley 42/2015, que redujo el tiempo disponible para reclamarlas.
La sentencia del Alto Tribunal analiza el caso de una comunidad de propietarios de Madrid que reclamaba 6.497,30 euros a dos vecinos por cuotas impagadas entre 2007 y 2014. Conforme a la normativa vigente, los propietarios aceptaron abonar únicamente 1.696 euros, correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, rechazando pagar las cantidades anteriores por estar fuera del plazo legal en la normativa vigente.
Aunque en primera instancia se aplicó el plazo de 15 años del antiguo Código Civil, el Supremo corrigió este criterio y ratificó que las cuotas comunitarias deben regirse por el periodo de prescripción de cinco años. En otras palabras, incluso si la deuda se generó antes de la reforma, solo pueden reclamarse las cuotas impagadas de los últimos cinco años; el resto quedan prescritas.
Al tratarse de pagos periódicos, el Supremo aplica la legislación vigente y concluye que únicamente son exigibles las cuotas de 2013 y 2014. Las correspondientes a 2007–2013 no pueden reclamarse. Como consecuencia, los propietarios deudores solo deberán abonar 1.696 euros más los intereses legales, quedando sin efecto la reclamación inicial de 6.497,30 euros.