Un oficio muy peligroso
Los tres principales políticos bolivianos de las tres últimas décadas están jodidos. En orden cronológico. Gonzalo Sánchez de Lozada, de 95 años, ya se debe de haber resignado al hecho de que no morirá en Bolivia. Ha pasado los últimos 23 años en el exilio.
Evo Morales. El expresidente de más duración de la historia del país sufre pena auto infligida de destierro, similar a la que los revolucionarios rusos cumplían en Siberia, aunque ellos, claro, solían engañar a la policía zarista y escaparse a Europa, mientras que Evo no quiere o no puede salir de su pequeña Siberia tropical.
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A Luis Arce todos lo subestimaron, pero fue capaz de enfrentar al líder histórico de su partido de una manera tal que logró su destierro y de paso, entre ambos, destruyeron al otrora poderoso MAS. El mandamás del gobierno y de las organizaciones sociales durante el último lustro pasó la Nochebuena y la Nochevieja encerrado en una celda para delincuente comunes, sin gozar siquiera de las comodidades mínimas que hasta hace poco habían tenido otros políticos jodidos: Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez.
La política suele ser un oficio peligroso en todo el mundo. Uno de los objetivos de la democracia es atenuar este rasgo, pero solo lo ha logrado en pocos países y durante unas décadas de finales del siglo XX y comienzos del XXI que quizá ya no se prologuen mucho más. Uno de esos países era los Estados Unidos, pero ya no pertenece a la lista.
En Bolivia, la violencia física y judicial contra los políticos bajó un poco entre 1982 y 1995, año en que volvió a activarse con el proceso contra el presidente de la Corte Suprema Edgar Oblitas y el encarcelamiento del dirigente político Oscar Eid. Estos hechos nos devolvieron a la “tradición” de las puertas batientes (unos salen y otros entran) de la prisión y el exilio. Solo que con menos muertos famosos que en los siglos XIX y XX.
Los bolivianos somos pacíficos (aunque entre nosotros haya gran cantidad de machistas y malos padres), pero en la política no tanto. En todo caso, en este campo los comportamientos dejan de ser los normales. Ni la plata ni la clase salvan, como muestra el caso de José María Linares, descendiente directo de los condes de la Casa de Moneda, que terminó exiliado y murió en la pobreza. O el de Goni, que era el boliviano más rico en el momento en que tuvo que escapar de Bolivia.
Tampoco la fama internacional ha sido un buen blindaje. Andrés de Santa Cruz y Evo Morales fueron muy famosos, pero uno murió en el exilio y el otro ya sabemos.
Aun así, nos va mejor que al Perú, que tiene cuatro presidentes en cana: Toledo, Humala, Castillo y Vizcarra; un quinto en detención domiciliaria y otra más en graves líos judiciales. Perú además tuvo a Alán García, cuya triste suerte constituyó el epítome de la desgracia política latinoamericana: se suicidó en el momento en el que iban a detenerlo.
En la Argentina hay una expresidenta con detención domiciliaria. En el Brasil gobierna un presidente que estuvo en la cárcel y que sustituyó a otro presidente recientemente condenado a prisión por 23 años. En Colombia, el establishment se las arregló para proteger a Álvaro Uribe, quien estuvo a punto de entrar en chirola por 12 años. Sin embargo, otro Uribe, Miguel, fue asesinado hace medio año. Su nombre se sumó a la larga lista de magnicidios ocurridos en ese país.
Como todo el mundo sabe, Nicolás Maduro de Venezuela está en una cárcel de Nueva York y María Corina Machado y miles de otros venezolanos viven en el exilio. En Paraguay hubo acusaciones penales contra los presidentes Wasmosy, González Macchi y Abdo Benítez, y Fernando Lugo fue amenazado de muerte y destituido a la mala. Puesto que los ecuatorianos Correa y Glas también están jodidos, las únicas excepciones del vecindario son Chile y Uruguay, donde los expresidentes todavía conservan una cierta aura.
Decía que ya no hay tantos muertos famosos en nuestra política (sin olvidar que en 2003 y 2019 murieron por razones políticas unos cien ciudadanos ordinarios), pero, en cambio, los linchamientos digitales y mediáticos se han vuelto una epidemia. Una vez más, el dinero, la fama o el mérito no impiden ser blanco de las “guerras sucias” y de los algoritmos.
La política es peligrosa. Si dejamos atrás las altas esferas y nos enfocamos en los niveles regionales y municipales, la situación resulta mucho peor: incontables alcaldes visitan la cárcel y el acoso político contra las mujeres políticas alcanza niveles intolerables, como prueban las historias de Daniela Cabrera, Ana María Crispín, Azucena Fuertes, Mariana Prado, Toribia Lero, Andrea Barrientos y otras. En la última década, Juana Quispe y Benita Paria fueron asesinadas por su simple deseo de hacer política.
La política es un oficio de alto riesgo porque define el uso de enormes recursos de todo tipo. Además, porque trabaja con pasiones: amistades, envidias, traiciones y odios; porque pone en juego al poder, que bien definido es la capacidad de hacerle algo a los demás, tanto algo bueno como una injuria, un dolor o un daño.
(*) Fernando Molina es periodista
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