Cuatro partidos proponen Comisión de la Verdad y reparaciones civiles para víctimas de protestas contra Dina Boluarte

Han pasado tres años desde que perdieron a sus seres queridos durante la violenta represión del Gobierno de Dina Boluarte y hasta hoy siguen encontrándose con la impunidad, la burla y la complicidad de los políticos que están en el poder. Por eso, cuando los deudos de las 50 víctimas de las protestas de diciembre del 2022 y marzo del 2023 escuchan promesas electorales ofreciéndoles justicia y esperanza, estos se muestran aún desconfiados.

Y no es para menos. Mediante una revisión de los planes de gobierno de los 39 partidos políticos habilitados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), La República ha podido detectar que cuatro de ellos proponen la creación de una Comisión de la Verdad sobre las muertes ocurridas durante las protestas sociales en Puno, Ayacucho, Apurímac, Junín, Arequipa, Cusco y La Libertad. Ofrecen esto, según sus razones, con el objetivo de otorgar reparaciones civiles a los familiares de los asesinados tras la represión policial y militar.

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De estas cuatro agrupaciones políticas que participarán en las elecciones del próximo 12 de abril, tres son de izquierda y una de derecha. En el primer grupo se encuentran Venceremos, Ahora Nación y Juntos por el Perú, que llevan como candidatos presidenciales a Alfonso López Chau, Ronald Atencio y Roberto Sánchez, respectivamente. En tanto, en el segundo está solo Libertad Popular, cuyo candidato presidencial es Rafael Belaúnde.

¿Qué ofrece cada partido?

 Venceremos, del candidato Ronald Atencio, promete que -en el primer día de gestión- se creará la Comisión de la Verdad (2021-2026) “que garantizará la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de las masacres del 2022 y 2023, entre otras violaciones a los derechos humanos”.

 “Sin justicia ni memoria no habrá paz verdadera. No habrá reconciliación si no se reconoce la verdad de los más de 50 hermanos y hermanas asesinados en las protestas del 2022, 2023 y 2025, ni de los defensores ambientales y sociales que dieron su vida por sus territorios”, se lee en el plan de gobierno de Venceremos.

Juntos por el Perú, por su parte, menciona que implementará una Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional no solo por las víctimas de las protestas del 2022 y 2023 sino también por las del conflicto armado interno de 1980 y 2000. “Tendrá entre sus funciones evaluar la ampliación de las reparaciones económicas, simbólicas y comunitarias”, explica.

El partido del aún congresista Roberto Sánchez explica que para las reparaciones civiles se creará el Fondo Nacional de Reparaciones Integrales y se impulsará la aprobación de la Ley de Protección Integral de Defensores de Derechos Humanos y Ambientales. “Se desclasificarán los archivos militares y policiales para la determinación de responsabilidades y se prohibirá el indulto o beneficios penitenciarios para violadores de derechos humanos”, responde.

Ahora Nación, en pocas líneas, también ofrece que se realizará todo lo necesario para la búsqueda de justicia, con el fin de sancionar a los responsables por las muertes ocurridas en las protestas ocurridas entre el 2022 y el 2023. “Actualmente, hay una insuficiente garantía y protección efectiva de los derechos humanos en el Perú”, advierte.

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A estos tres partidos de izquierda se suma Libertad Popular, del candidato presidencial Rafael Belaúnde. En su plan de gobierno, promete que una comisión investigadora de los sucesos de Juliaca, Huamanga, Arequipa y Cusco tendrá como mandato conocer todos los casos de muertes y violaciones graves de derechos fundamentales producidos en el 2022 y 2023. “El Estado peruano reconocerá su deber moral, político y jurídico de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos”, precisa.

Respuesta de los deudos

Enterados de estas propuestas por La República, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, y Yovana Mendoza, presidenta de la Asociación de Víctimas del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, no pudieron disimular su desconfianza.

“Bueno, si bien puede sonar alentador porque nos permitiría encontrar justicia, el problema es que nada nos asegura que lo cumplan y que, en realidad, se trate de una manera de ganar votos”, afirma Raúl Samillán, quien agrega que ninguna de esas agrupaciones, sobre todo Venceremos y Juntos por el Perú que tienen presencia en el Congreso, se han acercado a conversar con los dirigentes sobre las demandas y necesidades que tienen las familias de las víctimas de la represión policial y militar.

Samillán señala que sería lamentable que estos partidos políticos pretendan sacar réditos políticos sin importarles el dolor que sienten porque en estos tres años solo han encontrado obstáculos, burlas y actos de impunidad por el lado del Ejecutivo, el Congreso y la Fiscalía.

Yovana Mendoza, en tanto, piensa similar que su compañero de Puno. “Estos cuatro partidos políticos deben acercarse a los deudos y firmar un compromiso porque si no serán solo palabras. No vaya ser que solo estén prometiendo para aprovecharse y ganar votos. El utilizar nuestro dolor no sería nada ético”, afirma desde Ayacucho.

Mendoza siente indignación porque el Estado le ha dado la espalda a cada una de las 50 familias de las víctimas de la masacre ocurrida durante la represión del Gobierno de Dina Boluarte. Pero no se rinden. Los deudos de las regiones alistan una movilización hacia Lima, por lo que esperan llegar el próximo miércoles 28 de enero para conmemorar el tercer año del asesinato de Víctor Santisteban en la capital.

Los familiares también protestarán por la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), la cual fue ordenada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

“Ahora nos dicen desde la Fiscalía que los fiscales de ese equipo seguirán con las investigaciones en otros equipos, pero no le creemos nada a ese fiscal de la Nación que es parte de esta coalición mafiosa”, expresaron Samillán y Mendoza.

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Cuatro meses antes, en setiembre del 2025, ellos sintieron otro sabor de injusticia e impunidad cuando la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte por las muertes durante las protestas sociales.

“Esperamos hallar justicia tarde o temprano. Esperamos que los partidos que están prometiendo eso, cumplan y se comprometan, ya estamos cansados”, señalaron.