El cambio climático amenaza la educación en España
Con motivo del Día Internacional de la Educación, que se celebra hoy, la ONG Educo alerta sobre los riesgos que corre en España este derecho fundamental a causa del cambio climático. Actualmente, alrededor de mil centros educativos del país están en zonas inundables. En los últimos tiempos, España es víctima de danas, incendios graves u olas de calor. Está en el puesto 20 a nivel mundial de los países con más riesgo de crisis climáticas, por encima de otros como Burkina Faso, Haití o Pakistán.
“Estamos viviendo muy de cerca y de forma cada vez más recurrente las consecuencias que tienen en la educación los desastres naturales causados por el cambio climático. Un ejemplo muy claro es el de la dana de octubre de 2024. Durante las semanas posteriores a la catástrofe, fue muy difícil ir a la escuela porque el transporte escolar no estaba adaptado y los centros educativos donde se reubicó al alumnado no estaban preparados para acoger a más estudiantes. Si a eso se le suma la situación emocional que estaban viviendo tanto el alumnado como el profesorado, claramente no pudieron estudiar en las mejores condiciones ni la calidad de la educación estuvo garantizada”, señala la directora general de Educo, Pilar Orenes.
Según un informe realizado por la ONG de educación, casi 8 de cada 10 familias creen que por culpa de la DANA sus hijos e hijas perdieron, como mínimo, un mes lectivo, y el 41% del alumnado considera que ha sufrido retrasos a nivel educativo. “La escuela tiene que ser un lugar seguro para los niños y niñas y su educación debe estar garantizada pase lo que pase, porque es su derecho. Es muy difícil recuperar el tiempo que han perdido”, afirma Orenes. “Tenemos delante un futuro muy cercano en el que fenómenos como los incendios, las DANAS o las olas de calor extremas se van a repetir más y van a afectar de manera continuada a las escuelas y a la educación de los niños y niñas. Hay que tomar medidas urgentes si no queremos que el sistema educativo de España se resienta”.
En este sentido, Educo pide al gobierno de España que firme el Marco Integral de Escuelas Seguras 2022-2030, que ya han firmado otros países europeos. Esto supondría tener infraestructuras adecuadas y adaptadas a posibles riesgos, garantizar el derecho a la educación y formar a la comunidad educativa para hacer frente a nuevas amenazas.
El impacto delas crisis
“Lo que ocurre en España hace tiempo que se vive en otros países”, asegura la directora general de la ONG. Desde hace más de 30 años, Educo trabaja para garantizar el derecho a la educación de la infancia y actualmente desarrolla sus proyectos en 18 países del mundo. Tifones, terremotos, inundaciones, sequías están perjudicando gravemente la educación de los niños y niñas de todo mundo.
Entre 2022 y 2024, más de 400 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de las escuelas debido a las crisis climáticas. El impacto varía mucho según el nivel económico de cada región y su capacidad para responder. En 2024, el alumnado de países con ingresos bajos perdió alrededor de 45 días de escolarización, mientras que en el caso de los países de ingresos altos solo fueron 6 días.
“El derecho a la educación es uno de los primeros que se pierde en una crisis y uno de los últimos que se recuperan. Es algo que vemos diariamente en nuestro trabajo en países como Bangladesh, Malí o Filipinas. A corto plazo, el cierre de una escuela supone la pérdida de horas lectivas, pero también que no puedan acceder a la alimentación que les asegura el comedor escolar o que aumente el riesgo de ser víctimas de trabajo infantil. A largo plazo, podemos hablar de un aumento de las desigualdades sociales o de consecuencias económicas para el país”, explica Pilar Orenes.
“El compromiso a favor de las escuelas seguras tiene que ser global y a todos los niveles. No se trata solo de voluntad política. Debe estar acompañado de acciones reales, financiación y recursos, además de contar con estrategias y planes de acción que pongan a la educación y a la infancia en el centro. Garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de la infancia en cualquier contexto debe ser una prioridad”.