La afrodescendencia en el Perú
Hoy, 24 de enero, Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, el país tiene ante sí una fecha que exige algo más que una evocación cultural. La conmemoración, reconocida por la UNESCO, sitúa en el debate público el lugar que ocupa la afrodescendencia en los proyectos nacionales.
La afrodescendencia constituye así una de las diásporas más extensas de la historia moderna. Al respecto, de acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina y el Caribe, casi un cuarto del total de la población se reconoce como afrodescendiente. Esto representa aproximadamente el 21% de la demografía regional.
En el Perú, los Censos Nacionales de 2017 registran que hay más de 800 mil personas afroperuanas. Y este dato atraviesa la historia republicana. Desde el periodo colonial hasta la actualidad, esta población étnica ha sostenido actividades productivas, ha creado expresiones musicales y religiosas y ha participado en procesos de organización social y ampliación de derechos.
Los indicadores sociales permiten observar el lugar que ocupa hoy esta ciudadanía. Lamentablemente, las poblaciones afrodescendientes presentan mayores tasas de pobreza en relación con los promedios nacionales.
En el contexto peruano, estas estructuras se expresan en brechas de acceso a educación, ingresos y servicios públicos, así como en niveles de representación política en proceso de consolidación.
Al respecto, vale decir que estas brechas responden a decisiones estatales, prioridades presupuestales y políticas públicas que han ubicado la dimensión étnico-racial en un plano secundario dentro del diseño del desarrollo nacional.
En el momento del país actual, la cultura adquiere una dimensión política relevante. Como ha señalado una exponente afro y representante de la cultura peruana ante el mundo, Susana Baca, “la cultura también es una forma de ejercer ciudadanía”.
El 24 de enero convoca, así, a una definición de país. La afrodescendencia ocupa un lugar constitutivo en la historia del Perú y en su presente social. El reconocimiento de ese lugar exige decisiones públicas sostenidas que integren igualdad racial, ciudadanía y desarrollo como componentes centrales de la república y como criterios para evaluar la fortaleza de su democracia.