La Policía Nacional ha liberado en Palma a 15 mujeres víctimas de explotación sexual que eran obligadas a prostituirse en condiciones de esclavitud por una organización criminal, mayoritariamente de origen asiático, que ha sido desmantelada tras una amplia investigación iniciada en abril de 2025. La operación se ha saldado con la detención de 14 personas, doce en Baleares y dos en Barcelona, de las cuales siete han ingresado en prisión provisional. Además, se han practicado diez entradas y registros y se ha decretado la clausura de tres prostíbulos clandestinos en Palma. La investigación se inició tras la recepción de un aviso anónimo en el correo trata@policia.es, del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, en el que se alertaba de la presencia de mujeres de origen asiático retenidas en pisos de alterne y sometidas a explotación y agresiones sexuales. Paralelamente, una de las víctimas logró huir y acudir a dependencias policiales, y su testimonio resultó determinante para activar las pesquisas. Durante el desarrollo de la investigación, los agentes detectaron conexiones con una operación policial llevada a cabo en 2024, en la que ya se había desarticulado parcialmente una red dedicada a la trata de mujeres de origen chino en prostíbulos clandestinos de Palma. En concreto, la propietaria de uno de aquellos locales figuraba ahora como una de las principales cabecillas, lo que permitió la desarticulación completa del entramado. Las víctimas eran captadas a través de anuncios en redes sociales, engañadas con supuestas ofertas de trabajo como masajistas terapéuticas, cocineras o cuidadoras, con sueldos cercanos a los 2.000 euros mensuales. Algunas se encontraban ya en la península, mientras que otras viajaron desde China hasta España. La organización asumía los gastos del traslado, generando una deuda económica que las mujeres se veían obligadas a saldar ejerciendo la prostitución. Una vez en Mallorca, las víctimas eran trasladadas a los prostíbulos, donde permanecían disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin libertad ambulatoria ni posibilidad de rechazar clientes. Varias de ellas denunciaron agresiones físicas y sexuales, así como la imposición de servicios a domicilio, en ocasiones sin preservativo, por los que la organización cobraba un sobreprecio. Todas las ganancias eran entregadas íntegramente a la red. Las mujeres solo percibían una parte de los beneficios tras descontarse gastos de alojamiento y manutención. La organización ofrecía además la regularización administrativa mediante matrimonios fraudulentos, y utilizaba posteriormente la identidad de las víctimas para abrir cuentas bancarias, contratar suministros o líneas telefónicas, con el fin de ocultar a los verdaderos responsables del negocio. Los integrantes del entramado también obtenían beneficios mediante la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes a los clientes. En uno de los prostíbulos investigados, los beneficios alcanzaron 1,2 millones de euros en un solo año. En los registros se intervinieron 190.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama, armas blancas y prohibidas, joyas, relojes, teléfonos móviles, terminales de cobro electrónico vinculados a negocios ficticios y abundante documentación. Asimismo, se constató el envío de dinero a China, tras su conversión a yuanes, como parte del circuito de blanqueo. La operación se enmarca en el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. El cuerpo recuerda que la colaboración ciudadana es clave y puede realizarse de forma anónima y confidencial a través del teléfono 900 10 50 90 o del correo trata@policia.es.
