La concejala valenciana de Vox acusada por delito de odio pide al pleno que rechace un "uso partidista del derecho penal"
Cecilia Herrero apela a la libertad de expresión y la participación política en la sesión del martes, que debatirá también dos mociones de PSPV y Compromís para destituir a la concejala por mensajes xenófobos en redes sociales
La Fiscalía pide tres años de cárcel para la concejala de Vox en València que lanzó tuits racistas: “Centra su ataque en personas de color”
“La apertura de procesos penales entre representantes públicos por puro oportunismo político y basado en discrepancias políticas genera una seria preocupación institucional”. La concejala de Vox Cecilia Herrero, para la que la Fiscalía pide hasta tres años de prisión por incitar al odio con mensajes racistas en redes sociales, presenta una moción en el pleno del Ayuntamiento de València para condenar lo que considera un ataque político de la oposición.
La edil de Vox, denunciada por Compromís y el PSPV, ha registrado un escrito en el que menciona a la “gravedad institucional” que supone, a su juicio, que representantes políticos “se enfrenten entre sí” en los tribunales por “cuestiones vinculadas al debate político” y pide al Ayuntamiento que, como institución, “manifieste su preocupación por el uso del Derecho Penal en conflictos políticos entre miembros de esta corporación”.
La propuesta pasa de largo por el fondo del asunto, los mensajes que pueden ser considerados una incitación al odio contra la población migrante, y plantea una contradicción con las acciones de Vox, su formación política, que ha impulsado toda una serie de querellas contra el Gobierno central. La última, contra Pedro Sánchez por revelación de secretos en el caso Ábalos, que ha sido archivada por el Supremo, tres meses después de querellarse contra Sánchez por falso testimonio en sede parlamentaria. La formación de Santiago Abascal también presentó una querella contra Sánchez por negociar la ley de amnistía, que fue archivada por el Supremo.
Herrero apunta en su propuesta que es necesario que las “discrepancias políticas se canalicen mediante el diálogo, el debate público y los mecanismos democráticos ordinarios, excluyendo los ataques ”ad hominem“ y evitando recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas”. Considera especialmente relevante reforzar esta postura con derechos “relativos a la libertad de expresión, la participación política, la igualdad ante la ley y el pluralismo político”, como expone en el texto, motivado por la denuncia de Compromís y el PSPV.
La edil de Vox, que fue temporalmente apartada junto al exportavoz Juanma Badenas, forzará al PP de María José Catalá a tomar una posición respecto a su caso. Hasta la fecha, la alcaldesa de València se ha mantenido al margen y no ha querido aclarar si apartará a la concejala, aunque sí se ha desmarcado de los mensajes que publicó entre 2020 y 2024.