La Diputación de Córdoba movilizará a lo largo de esta anualidad un total de 1.841.347 euros para impulsar el Plan de Trabajo de Retirada de Amianto en los edificios municipales de la provincia, «de los que 315.144 se corresponden con la fase desarrollada entre 2024 y 2025 para la elaboración de un censo de instalaciones susceptibles de contener este material, mientras que la segunda fase cuenta con presupuesto de 1,5 millones de euros para la ejecución de proyectos que se ejecutarán hasta 2026». Así lo ha indicado el presidente de la Diputación Provincial , Salvador Fuentes , quien ha explicado que «con este plan se va a dar cumplimiento a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, de forma que se ofrecen subvenciones para la retirada de amianto de edificios municipales en virtud de las prioridades establecidas por cada ayuntamiento». De esta forma, ha evidenciado que «el objetivo de la primera etapa ha sido cumplir con las directrices para la retirada del amianto que se distribuye en cinco fases que son las de exploración o cribado, la de inspección, la valoración del riesgo asociado a cada material con amianto, informe de identificación y valoración del riesgo y la elaboración de un censo». «Para la ejecución de esta primera fase la Diputación ha realizado una aportación de 315.144 euros para atender 75 solicitudes presentadas por los ayuntamientos de la provincia, con una media de 4.258 euros por municipio, que viene a suponer el 80% del coste de elaboración de esos censos», ha concretado Fuentes. Una vez finalizado el censo, el máximo responsable de la institución provincial ha explicado que «con esa información se va a poner en marcha una segunda fase que se inicia en 2025 y culmina en 2026 con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Una partida destinada a sufragar la redacción de proyectos y dirección de obra de demolición y reposición, además del importe de las obras necesarias para la retirada de elementos de fibrocemento y la posterior reposición con soluciones constructivas adecuadas a la normativa de gestión de residuos y analíticas ambientales ». En este sentido, Fuentes ha hecho hincapié en que «si bien la legislación obliga a que los emplazamientos público con mayor riesgo estén gestionados antes de 2028, la Diputación de Córdoba pretende alcanzar este hito en 2026, dos años antes de la obligación legal ». «En esta segunda fase, la Diputación ya ha tramitado 49 expedientes de ayuda presentados por ayuntamientos, de los que 43 ya están aprobados y pagados , dos desistidos, dos denegados, uno duplicado y uno a la espera de un informe», ha indicado el presidente de la institución provincial. Finalmente, Fuentes ha recordado que este plan «se ha impulsado para reforzar la actuación de los ayuntamientos, que eran los que tenían la obligación de retirar el amianto por mandato de la ley de residuos y suelos contaminados, de manera que se ha aportado hasta un 50% de la inversión planteada por el municipio y hasta un máximo de 40.000 euros por proyecto». De esta forma, la aportación de la Diputación al conjunto del Plan ha sido de 876.227 euros y la aportación de los ayuntamientos 965.120 euros. Esto supone una movilización de 1.841.347 euros para impulsar la retirada en edificios municipales de este material catalogado como perjudicial para la salud.
