Ángela Claverol, la presidenta de Amama, asociación que destapó los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama, sobre el que la Junta de Andalucía llegó a cifrar en 2.317 las mujeres afectadas por los errores de comunicación, ha tachado de «pena» y «tristeza» el archivo por parte de la Fiscalía de Andalucía sobre las tres denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que han ocupado los puestos en el periodo denunciado, entre los que se encuentran, actualmente, dos personas aforadas, al concluir que, tras las diligencias preprocesales practicadas en la situación que se encuentran los hechos en el momento presente, no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados. En declaraciones a Europa Press, Claverol ha sostenido que ha habido «una negligencia». «Ahí están las pruebas» , ha manifestado, en alusión a las 110 reclamaciones patrimoniales presentadas hasta la fecha por mujeres en un estadio BID-RAD 3. «Me parece mal el archivo porque ahí están las pruebas y de alguna manera habrá que dar explicaciones, digo yo», ha puntualizado la presidenta de Amama, que ha reconocido que «quizás no hemos tenido la capacidad de tener un equipo jurídico con prestancia» para dedicarse sólo a este tema. Las denuncias, presentadas a lo largo del mes de octubre pasado por la Asociación del Paciente y ampliada con escritos de dieciséis mujeres con sus casos particulares más las de los partidos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía , incluyen a tres personas no aforadas, una ex consejera de Salud, la ex viceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz del Salud, tal como ha recordado la Fiscalía en una nota. En las diligencias de investigación preprocesales, que realiza la Fiscalía de Andalucía sobre las tres denuncias presentadas y de las declaraciones en sus escritos de las dieciséis mujeres afectadas más el informe y documentación que aporta la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias, el decreto señala que los hechos se refieren a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no «concluyentes o »dudosos«, falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las victimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado. Por su parte José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha criticado que la justicia este lanzando el mensaje de que da igual que a las mujeres se les escondiera su mamografía y algunas sufrieran cáncer por ello. «El PP en la justicia tiene bulo papal», ha dicho García insistiendo en que le parece «especialmente preocupante» porque se puede entender que desde e sistema judicial en Andalucía no se ve ningún problema en que a miles de mujeres «se le escondieran» los resultados de su mamografía «durante meses o años» y que haya cientos de mujeres que hayan desarrollado cáncer debido a ese retraso. Y ha insistido en que ya se sabe «de donde viene el descrédito» del sistema judicial« en España.
