Dos informes internos del Ayuntamiento de Alicante habían constatado los vínculos de cargos públicos como beneficiarios de las polémicas adjudicaciones de Viviendas de Protección Pública (VPP) con la gestión del proyecto urbanístico. El primero hace tiempo que alertaba de esa relación, si bien el más reciente, encargado por el alcalde la semana pasada, apunta a que no existía incompatibilidad porque no intervinieron en el contrato del suelo público en que se edificó. Este último «expediente de averiguación de hechos», según ha informado este martes el Ayuntamiento, ha concluido que cargos municipales adjudicatarios en esa urbanización «no han participado con poder decisorio o propuesta de acuerdo, en ninguno de los procedimientos relacionados con el contrato de enajenación» de la parcela en La Condomina. Se trata de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez y la exdirectora general y jefa de servicio de Contratación, María Pérez-Hickman -ambas dimitadas- y del a la sazón arquitecto municipal. Por tanto, según establece, «no ha lugar a ningún tipo de responsabilidad disciplinaria» y esta información se ha incorporado a la denuncia presentada este martes por el Ayuntamiento ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial. No obstante, ante el Ministerio Público también han expuesto que «se pone de manifiesto que pueden existir irregularidades en los requisitos que debían cumplir algunas» de las personas adjudicatarias, y apuntan a que «subsisten incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos mediante la investigación interna». En esta línea, la denuncia indica que «preocupa» la «posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente por parte de las personas implicadas y otras que pudieran haber favorecido directa o indirectamente la adjudicación de las viviendas a su favor o de sus allegados ». También indica que consta que el arquitecto municipal mencionado «prestó apoyo técnico durante la ejecución del contrato», con reuniones de trabajo con el personal del Servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la cooperativa, «hasta el punto de que llegó a proponerse su nombramiento como responsable municipal del contrato en 2024 (en sustitución del técnico jubilado) dada su implicación en el seguimiento del proyecto». Aunque posteriormente se fue otro profesional quien se encargó, él intervino de facto en la gestión del contrato al menos en 2024, «sin que conste que advirtiera ni se apartara pese a su interés personal en la promoción», tal como se señala en la denuncia ante la Fiscalía. El citado expediente de averiguación de hace unos días ha sido elaborado por la Secretaría del Pleno municipal y firmado por el vicesecretario, a instancia del alcalde, Luis Barcala , tras recibir el pasado martes un informe del Servicio de Patrimonio en el que se observaba que «entre los adjudicatarios de las viviendas se encuentran personas relacionadas con este Ayuntamiento» y con el objetivo de averiguar si alguna de estas personas pudiera haber intervenido con capacidad de decisión en el proceso de enajenación de la parcela municipal para la posterior construcción de las viviendas de protección pública de iniciativa privada y, en tal caso, si hubieran debido abstenerse conforme a la legislación vigente. Analizada la documentación presentada por la Concejalía de Urbanismo, se comprueba que, en el caso de la exconcejal Rocío Gómez, « no ha intervenido en los expedientes» tramitados en la concejalía sobre esta enajenación, «no suscribiendo documento o acto administrativo alguno». En el caso de la exdirectora general y jefa de servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, se establece que «como jefa de servicio de Contratación no ha dictado acto administrativo alguno, por no poseer dicha actividad, y no ha firmado ninguna propuesta de acuerdo, cuya competencia corresponde al concejal de Contratación». En este sentido, el informe, recuerda que el órgano gestor de este expediente es la Concejalía de Patrimonio y no la de Contratación, que únicamente actúa como órgano instrumental, así como que «la información de la que ha podido contar era comúnmente conocida como demuestra la lista de espera en dicha cooperativa de más de dos mil personas». Esta funcionaria, señala el expediente, «únicamente ha participado en las mesas de contratación como secretaria, que actúa con voz pero sin voto , y tiene como funciones principales efectuar la convocatoria de las sesiones por órdenes del presidente de la mesa, preparar el despacho de los asuntos, redactar las actas de las sesiones o expedir certificaciones, sin tener ninguna capacidad decisoria ni actuación relevante que pudiera influir en el resultado final». Además, concluye, «en el expediente de referencia, la adjudicación se basaba exclusivamente en criterios automáticos cuantificables económicamente , sin la existencia de criterios basados en juicios de valor». Por todo ello, la Sesecretaría considera que « no hubiera procedido el deber de abstención , por no haber participado con poder decisorio o propuesta de acuerdo en ninguno de los procedimientos aludidos» y, en consecuencia, «no ha lugar a ningún tipo de responsabilidad disciplinaria».
