El progreso social estancado por el pacto autoritario
El Índice de Progreso Social Mundial 2025 confirma el fracaso del rumbo político que gobierna hoy al país. El Perú ocupa el puesto 82 entre 171 economías. Esta ubicación evidencia rezagos en vivienda, necesidades básicas, seguridad y libertades. El resultado expresa una decisión política sostenida. El pacto autoritario desplazó el bienestar ciudadano del centro de la agenda pública.
Durante los últimos años, el poder se reorganizó alrededor del control de las instituciones. Esta dinámica redujo los contrapesos y normalizó prácticas de excepción. En este contexto, el progreso social quedó relegado frente a la lógica de supervivencia política. El Estado gestiona la coyuntura y posterga la construcción de condiciones materiales para una vida digna.
Los indicadores del IPSM ofrecen un diagnóstico preciso sobre el déficit habitacional, el acceso a servicios básicos avanza de forma cada vez más desigual. No obstante, en el indicador de percepción de seguridad de un ciudadano al caminar solo, el Perú se sitúa en el puesto 131 de 171 países, una de las peores de todo el globo.
Esta realidad, por supuesto, incide en la movilidad urbana y por ende en la productividad de peruanos de amplios sectores sociales.
Al respecto, vale anotar que este escenario responde a la concentración de poder del pacto autoritario que se ha dedicado a debilitar la planificación de largo plazo; esto es, la visión de Estado en las políticas públicas, expresadas en la reducción de la inversión social.
De esta manera, se confirma la paradoja de que el Perú puede conservar cierta estabilidad macroeconómica mientras el progreso social permanece inmóvil.
La recuperación de la ruta del desarrollo requiere una acción ciudadana concreta. En ese sentido, el voto consciente es la forma como los peruanos pueden reordenar la representación política a partir de la exigencia por un Senado integrado por parlamentarios comprometidos con el Estado de derecho.
Esta apuesta solo será posible si es que se consolida mediante el respaldo a organizaciones que superen la valla electoral vigente; es decir, el 5 % de los votos válidos a nivel nacional y el 5 % del número total de cada cámara, o que alcancen, como mínimo, tres senadores o siete diputados. Esta tarea republicana histórica debe ponerse en marcha.