La portavoz del grupo socialista, María Márquez, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla y al PP «respeto y humanidad» hacia las mujeres afectadas por un cáncer de mama «que se podría haber evitado» y que dejen de mentir sobre el archivo de sus actuaciones judiciales. En una nota difundida por el PSOE-A, se asegura que, ante las informaciones difundidas sobre un supuesto archivo de las actuaciones relativas a las denuncias por deficiencias en el programa de cribado de cáncer de mama sobre el alcance real del decreto dictado por la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el PSOE-A subraya que no existe cierre procesal ni efecto alguno de cosa juzgada y que el decreto de la Fiscalía Superior se limita a ordenar las actuaciones en esta fase inicial de análisis. La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha criticado que el PP pretenda hacer ver que «que no existe» causa judicial sobre los errores de gestión denunciados en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Asimismo, ha exigido a Moreno Bonilla y al PP que actúen con «respeto y humanidad» porque «estamos hablando de la vida de mujeres andaluzas que tienen un cáncer que se podía haber evitado y de mujeres que han fallecido». Márquez ha denunciado que es «indignante» que Moreno Bonilla y su partido digan ahora que se archiva y que ya «no hay» causa judicial, después de abordar esta crisis sanitaria dedicándose a «poner de mentirosas y quejicas a mujeres andaluzas que tienen un cáncer de mama que se podía haber cogido a tiempo». No fue así, según ha alertado, porque «falló el cribado de cáncer de mama en Andalucía por culpa de la nefasta gestión de Moreno Bonilla en la Junta». Márquez ha censurado que a Moreno Bonilla y al PP «no les ha bastado con señalar, perseguir y acusar» a mujeres perjudicadas por los graves errores en el programa de cribado de cáncer de mama bajo su responsabilidad, sino que ahora también dicen a las afectadas que sus actuaciones ante la justicia a través de la asociación Amama son «mentira» y que sus querellas ante la Fiscalía han sido archivadas, cuando en realidad el Ministerio Público «sigue su procedimiento en el territorio, en las distintas provincias». En relación con los cargos públicos denunciados, el PSOE-A señala que la información hecha pública por la Fiscalía constata que en el momento procesal actual no se dan las condiciones necesarias para u na atribución penal directa, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el fondo de los hechos. Esta apreciación estrictamente provisional no extingue la acción penal ni supone el fin de la investigación, que continúa abierta a través de los procedimientos derivados. Según insisten, la Fiscalía ha acordado la remisión de las diligencias a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, lo que conlleva la apertura de diligencias de investigación autónomas. Se trata, por tanto, de una descentralización de la causa y no de su archivo. El objeto de este traslado es claro y jurídicamente relevante: profundizar en la averiguación de los hechos, determinar si los mismos revisten carácter delictivo y, en su caso, identificar a las personas responsables de los fallos detectados en la aplicación de los protocolos de seguimiento del cribado. El PSOE-A destaca, asimismo, que, tal y como apunta la Fiscalía, la derivación permite centrar la investigación en la existencia de infracciones penales concretas, reconociendo la existencia de hechos concretos que deben ser analizados individualmente, tales como la falta de seguimiento de casos catalogados como no concluyentes o dudosos, deficiencias en la comunicación de resultados o fallos en las bases de datos sanitarias. Por tanto, desde una perspectiva jurídica, tanto la eventual responsabilidad penal como la administrativa permanecen bajo examen, y esta reorganización procesal garantiza que cada una de las denuncias reciba una investigación específica orientada a depurar las responsabilidades de los distintos intervinientes en cada caso. El PSOE-A reitera su respeto absoluto a la labor del Ministerio Fiscal y subraya la importancia de no trasladar a la ciudadanía interpretaciones jurídicas incorrectas que puedan generar confusión, especialmente en un asunto de máxima sensibilidad social y sanitaria.
