El PP pide en Bruselas abrir una investigación por el uso de fondos de la UE para renovar la línea Madrid-Sevilla

El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea que investigue la concesión y el uso de fondos comunitarios destinados a la modernización de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, después del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que dejó 46 fallecidos y cientos de heridos. En varias preguntas parlamentarias registradas esta semana en el Parlamento Europeo, tres eurodiputados del PP –Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez Larraz y Esther Herranz– han pedido explicaciones sobre la gestión de fondos europeos asignados a esta infraestructura, tanto a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El PP subraya que el Gobierno confirmó que en el tramo donde se produjo el siniestro no se sustituyeron las traviesas, pese a que esa actuación era una de las intervenciones clave previstas en la modernización de la línea, financiada con una ayuda europea de 111,6 millones de euros destinada precisamente a renovar componentes esenciales de la infraestructura. Por ello, el PP ha registrado una pregunta parlamentaria en la que pide a Bruselas que aclare si va a investigar la trazabilidad de la ayuda concedida y comprobar cómo se utilizaron realmente los fondos europeos. Los 'populares' solicitan también que la Comisión verifique si las obras financiadas se ejecutaron conforme a lo previsto, dado que parte de las actuaciones consideradas esenciales no se habrían llevado a cabo. En otra de las iniciativas, el PP pone el foco en la financiación del Banco Europeo de Inversiones, que aprobó en 2022 un préstamo de 90 millones de euros a Adif al considerar que la línea Madrid-Sevilla estaba «al final de su vida útil» y necesitaba renovaciones para mantener los estándares de seguridad y fiabilidad. Tras el accidente, el PP pregunta a la Comisión cómo valora el impacto sobre la seguridad de operar una línea con sistemas envejecidos y si se evaluaron adecuadamente los riesgos antes de conceder esa financiación. «Cuando una infraestructura crítica es definida por las propias instituciones europeas como «obsoleta», la prioridad absoluta debe ser garantizar que sigue operando en condiciones de máxima seguridad», ha señalado el eurodiputado 'popular' Juan Ignacio Zoido. A su juicio, los documentos manejados por las instituciones comunitarias «recogen un reconocimiento expreso del deterioro de la infraestructura», por lo que considera que «era necesario extremar las exigencias de control, seguimiento y ejecución de las obras financiadas con fondos europeos», especialmente cuando «estaban en juego la seguridad de los pasajeros y la integridad del sistema ferroviario».