Aviso al Gobierno: la regularización masiva de inmigrantes «vulnera derechos fundamentales»
El rechazo frontal a la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes anunciada por el Gobierno de España, que está provocando estos días colas en centros oficiales, no es exclusivo de partidos políticos como PP o Vox, ya hay entidades que, por la vía civil, están moviéndose en contra de esta iniciativa.
Es el caso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH), que acaba de enviar un escrito al Ministerio de Inclusión en el que formula un requerimiento previo por la existencia de vía de hecho y por vulneración de derechos constitucionales fundamentales (principio igualdad ante la Ley artículo 14 CE y otros), a la vez que presenta alegaciones y propuestas en relación con el proceso.
Apunta la ARVH a la ausencia de procedimiento por no cumplirse la reserva de ley regulada en la Disposición Transitoria 3ª de la LOEX, y la falta de motivación y de oportunidad de la medida, al haber entrado en vigor el 20 de mayo el nuevo RD 1155/2004, Reglamento de Extranjería, «donde se regula ampliamente el arraigo de dos años», que supone «ya de por sí una permanente regularización de extranjeros, habiéndose flexibilizado los requisitos del anterior decreto».
Discriminación
Igualmente, alude a la «discriminación que ello supone (artículo 14 CE), frente a muchos cientos de miles de extranjeros que anualmente cumplen escrupulosamente con los requisitos ordinarios de la legislación sobre extranjería (vienen con contrato de trabajo, reagrupados legalmente, como emprendedores o como nómadas digitales, como estudiantes o investigadores, y tantas otras figuras legales ordinarias), y también, los otros cientos de miles que han tenido que esperar en años pasados a cumplir con el arraigo de dos años o tres».
A este respecto, la asociación pregunta «qué sentido y motivo tiene rebajar este plazo, ya de por sí muy flexible y poco riguroso incluso (comparado con otros países, europeos, o también por ejemplo véase en EE UU, donde muchos extranjeros deben estar 15 o 20 años sin papeles para poderse regularizar, desde hace décadas con la misma legislación), y por un plazo tan corto de nada menos que de 5 meses».
La ARVH afirma que esta situación está «suponiendo un auténtico efecto llamada para las mafias de la inmigración ilegal del Atlántico y del Mediterráneo», así como la irrupción de «inmigrantes, sobre todo magrebíes y paquistaníes que están irregulares en Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, Italia y otros países europeos».
También, según el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se «infringe el principio de jerarquía normativa», al «exigir la LOEX obligatoriamente “carecer de antecedentes penales en el país de origen”, es decir, presentarse siempre y obligatoriamente, un certificado de no tener antecedentes penales».
Antecedentes penales
Pero, denuncia la ARVH, se establece «nada menos que una “presunción” de no tener antecedentes cuando en un mes no se pueden conseguir o el país de origen no los ha enviado (en otros es obligatorio presentarse personalmente en el país o en el consulado para solicitarlos, y no se admite siquiera la representación), por lo que bastará con solicitarse los penales sin representación o con un mero email». Así, considera que «se está dando entrada a muchos extranjeros presuntamente delincuentes».
Asimismo, «al tratarse de un Reglamento que modifica el Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024, de 19 de noviembre, RLOEX) de modo muy sustancial, se trata de un «reglamento ejecutivo», en supuesto desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, de Extranjería y, «por tanto, resulta totalmente obligatorio y preceptivo solicitar dictamen al Consejo de Estado, y no nos consta que se haya solicitado».
Finalmente, la «normativa europea de la UE actual y de los órganos comunitarios (Comisión; Consejo; Parlamento Europeo, interpretación por el TJUE también), va en una línea cada vez más restrictiva en la regularización de inmigrantes, y se están adoptando medidas para limitar la entrada de personas de modo irregular. Por tanto, favorecer de este modo la entrada de personas irregulares y su legalización, supone una infracción grave del Derecho Comunitario».
Solicita por todo ello la asociación que «se paralice de modo inmediato la aprobación del real decreto previsto y se declare» su «nulidad de pleno derecho».
Apremia la ARVH, por último, «para una medida de esta naturaleza», que el Gobierno «ordene la tramitación de un procedimiento conforme a derecho, previa presentación de un proyecto de ley» en el Congreso de los Diputados.