Daniel Johnson: “La seguridad pública está totalmente afectada por lo que pasa en la cárcel”

La seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía y es, además, parte de los pilares programáticos del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast. Cuando se habla de esto, es central abordar lo que pasa en el sistema penitenciario porque, ¿quiénes van presos? ¿Por qué van presos? ¿Qué efecto tiene que vayan presos? No es casualidad que este haya sido tema de debate los últimos días mirando el ejemplo de la mega cárcel de Bukele, a propósito de la visita que le hizo Kast.

“Creo que hay que tomar conciencia en Chile que la seguridad pública está totalmente afectada por lo que pasa en las cárceles del país”, dijo el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. El experto analizó lo que está pasando hoy en los recintos penitenciarios y, a su juicio, no están cumpliendo con su rol principal, que es custodiar, incapacitar (de cometer delitos) y reinsertar socialmente. 

“Uno suele pensar que las cárceles son incapacitadoras, porque en el pasado lo eran, pero hoy día tenemos que mirar de lo que pasa al interior, porque son permeables y hay muchos delitos que se están cometiendo desde dentro, con acceso a teléfonos celulares, drogas y muchas otras cosas”, señaló Johnson. 

A lo anterior, se suma que pasar por la cárcel no asegura que una persona no vuelva a delinquir. “El 51% de las personas que cumplen condena vuelve a ser condenada antes de 3 años, lo que es una cifra altísima y por lo tanto, las cárceles no están siendo incapacitadoras, porque no evitan que se cometan delitos desde el interior. Tampoco están siendo reinsertadoras, porque vuelven a delinquir las personas que cumplen condena”, explicó el directivo de la fundación. 

 

Johnson calificó, además, cómo “preocupantes” las fugas que se han registrado desde estos recintos, como el caso de la cárcel de Valparaíso. “La custodia entendida como que los muros no sean permeados por las mismas personas, o sea, que no se escapen, también está siendo vulnerada. Entonces, tenemos un no cumplimiento de las principales funciones que tiene Gendarmería, ésa es la base“, sentenció.

Finalmente agregó: “Un factor relevante en la crisis que estamos viviendo es Gendarmería y los casos que conocimos de corrupción. Eso evidentemente afecta todas sus funciones: la reinserción, la custodia y también la incapacitación”.

Reforma a gendarmería

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana aseguró que es difícil evaluar políticas en materia de seguridad en lo inmediato, porque en general tienen efectos a mediano y largo plazo. Por eso, consultado sobre la política penitenciaria de esta administración a poco más de un mes del cambio de mando, Johnson, destacó algunas cosas y planteó desafíos. 

 

En primer lugar, destacó el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que afirmó que es necesario, sin embargo reparó en dos cosas. “Lamentablemente esa construcción de cárceles va a requerir tiempo y, por lo tanto, no vamos a poder solucionar el problema de sobrepoblación que tenemos hoy día hasta un periodo de tiempo más”, dijo. 

“Segunda cosa, creemos que hay medidas inmediatas que no se han implementado, que es revisar qué personas estamos encarcelando. Chile es un país que, a pesar de lo que la ciudadanía cree, encarcela mucho. Nosotros tenemos uno de los índices más altos de encarcelamiento a nivel de países de la OCDE y también si nos comparamos a nivel mundial, estamos dentro del tercio superior, o sea, somos uno de los países que más encarcela en el mundo incluso”, cuestionó el experto. 

Por lo anterior, para el directivo de la Fundación Paz Ciudadana es fundamental “mirar cuáles son las causas y ver cómo podemos tratar de compensarlo a través de otro tipo de medidas, que no necesariamente sean la privación de libertad. No podemos seguir creciendo en las tasas de encarcelamiento como lo hemos hecho en el último tiempo”. 

Johnson explicó que el hacinamiento carcelario no es algo que se generó ahora, sino que se ha arrastrado por muchos años en Chile. “Está influido por las dinámicas delictuales que hay hoy día en el país, por un aumento de personas extranjeras privadas de libertad que suelen quedar en prisión preventiva como medida cautelar, antes de ser condenadas, porque tienen una mayor probabilidad de escape. Eso está presionando el sistema carcelario y otras razones también, el endurecimiento de penas, son políticas públicas que se han implementado que tienen efectos en esta crisis carcelaria”, señaló.

Otras acciones del Gobierno que destacó el experto, son las que responden justamente a Gendarmería: la reforma para reclasificar la institución como una de seguridad pública. Y el cambio legal para trasladar su dependencia al Ministerio de Seguridad Pública. “Esas dos medidas creemos que son muy pertinentes”, dijo Johnson. 

“El problema ahí es que no queremos como fundación que se entienda que la reforma a Gendarmería es solo eso, nosotros necesitamos iniciar un proceso de reforma que estudie cuáles son las condiciones de ingreso, cómo son las postulaciones y quiénes lo están haciendo, cómo son los procesos de formación inicial para que tengan realmente las capacidades que se requieren, cómo es el sistema de control de conductas inapropiadas, porque sabemos que se han producido graves casos de corrupción que tenemos que evitar. También que vea cuáles son las condiciones de la carrera funcionaria, incluso las pensiones y cómo terminan la carrera de funcionarios”, profundizó el experto.

Según Daniel Johnson, hay muchos factores que revisar dentro de la institución para que pueda mejorar su desempeño, porque “Gendarmería no está cumpliendo ninguna de las tres funciones clásicas. No está cumpliendo con la custodia, porque se escapan las personas privadas de libertad y cometen delitos desde el interior. No está cumpliendo la función de reinserción, porque las personas vuelven a cometer una gran cantidad de delitos. Y no está cumpliendo la función de cuidado, que no lo había mencionado, pero sabemos que hay muertes que se producen en las cárceles que son absolutamente evitables y sabemos que las condiciones de las personas privadas de libertad, producto del hacinamiento, son bastante críticas”.

La megacárcel de Bukele

El director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, planteó que existe una “dicotomía” respecto a cómo las personas interpretan el efecto de la cárcel. “El endurecimiento de penas que tiene relación con que las personas estén más presas, lamentablemente no tiene un efecto en la disminución de la cantidad de delitos que ocurren en los países. Esto está muy estudiado”, cuestionó. 

El endurecimiento de las penas no tiene efecto si no está acompañado “de una mayor capacidad del sistema de captura”, explicó el experto por las razones que hoy impactan al sistema penitenciario. “Entonces, ahí hay una distorsión entre esa sensación que tiene la ciudadanía de que la cárcel podría ser un buen mecanismo para estar más segura, pero que lamentablemente no se cumple y por lo tanto tenemos que buscar otras medidas en otros ámbitos, no necesariamente el penal para mejorar la seguridad del país”, señaló Johnson. 

 

El presidente electo José Antonio Kast viajó a diversos países y visitó a diversos mandatarios con los que abordó como uno de los temas principales la seguridad. Entre ellos estuvo con Nayib Bukele de El Salvador, donde, además, vistió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) más conocido como la megacárcel de Bukele. Este es uno de los recintos de alta seguridad más grandes del mundo, con capacidad para albergar a cerca de 40 mil reclusos y a la fecha se han registrado 470 muertes y el 94% no serían “pandilleros”, según información de Socorro Jurídico Humanitario. 

“El caso Bukele creemos que solo pudiera justificarse en una condición de inseguridad brutal como la que tenía el Salvador en el minuto en que implementaron las medidas. Digo pudiera, porque tampoco es algo que sea tan claro. O sea, en tasas de alrededor de 70 homicidios cada 100 mil habitantes al año, en que es una crisis de seguridad tal que pudiera justificarse estas medidas radicales. Pero en Chile claramente no es la situación que tenemos de origen”, observó el experto.

Johnson agregó que “Chile no es un país que tenga tasas de delitos, en general, tan altas comparadas con otros países de Latinoamérica. Incluso cuando uno mira homicidios, si bien tenemos tasas mucho más altas de las que estábamos acostumbrados en nuestra historia, no justifican acciones tan radicales, porque esas acciones tienen costos”. 

 

El directivo, enfatizó en que esos costos “hay que ver si la sociedad chilena estaría dispuesta a asumirlos, como un cierto descrédito del sistema de justicia, porque no se cumplen los procesos, porque no tiene capacidad. Cuando uno sentencia a un conjunto de personas tan amplio en un periodo tan corto, evidentemente no multiplica la cantidad de jueces y por lo tanto, la profundidad con que se analiza cada causa no es la que se necesita y se producen injusticias, eso es un costo para el país”. 

“En Chile claramente no tenemos una condición de inseguridad que justifique medidas de ese nivel de radicalidad. Entonces, tenemos que mirar otras experiencias. ¿Qué otras experiencias? Efectivamente, Italia ha tenido mucho éxito en la desarticulación de organizaciones criminales”, aseveró Daniel Johnson y destacó también la experiencia de Suecia y Escocia.