Alerta por un nuevo 'pelotazo' de viviendas en Alicante: suelo público para una promoción privada con un 10% para el Ayuntamiento
El PSPV exige la paralización inmediata de la venta de la parcela de la calle Ceuta al denunciar que el gobierno de Barcala renuncia al alquiler social para favorecer el negocio privado
Mazón cambió la ley para que las VPO como las de Alicante se puedan vender a precio de renta libre
El PSPV de Alicante ha exigido frenar lo que consideran un nuevo escándalo urbanístico en la ciudad con la colaboración del gobierno del PP de Luis Barcala. La portavoz socialista, Ana Barceló, ha reclamado la paralización del proceso de venta de un solar municipal en la calle Ceuta, ubicado en el barrio de San Blas, destinado a la construcción de 30 viviendas. Según denuncia la formación, el proyecto original de 2023 concebido para el alquiler social ha sido transformado por el alcalde Barcala en una promoción privada donde el Ayuntamiento solo conservará tres de los treinta pisos previstos, dejando el resto en manos del promotor.
En un contexto donde todavía hierve el escándalo de las VPO adjudicados a cargos del PP de Alicante, este nuevo caso ha hecho saltar las alarmas por el provecho privado que se volvería a conseguir con palancas de ayuda pública. Así, las cifras aportadas en la denuncia detallan un historial de gastos y renuncias que perjudican las arcas públicas. El consistorio ya invirtió 51.248 euros de fondos municipales en la redacción del proyecto técnico de edificación antes de decidir ahora vender la parcela por un precio de 457.549 euros. Además, el PSPV subraya que Barcala renunció a una subvención de la Generalitat de 1.197.000 euros inicialmente prevista para la construcción pública. Aunque en 2025 el Consell volvió a consignar 598.500 euros, estos fondos no se aplicarán al proyecto actual al haber optado el gobierno local por la enajenación del suelo a una empresa privada para que sea esta la que gestione la inmensa mayoría de los inmuebles.
Desde el PSPV, la concejala Silvia Castell ha vinculado este movimiento con la modificación de los estatutos del Patronato Municipal de la Vivienda, aprobada apenas un mes antes de iniciar los trámites de venta. Según la edil, esta maniobra permitió vaciar de competencias a la junta del patronato para evitar la fiscalización de la oposición y facilitar que el organismo actúe como intermediario para la construcción de vivienda libre en suelo público. Por ello, exigen revertir estos cambios para que el Patronato se centre en la vivienda social y que los procesos de contratación no recaigan exclusivamente en el concejal de Vivienda.