Corrupción en el gobierno de Trump
Corrupción y violencia se mueven a lo largo del gobierno de Donald Trump. El presidente está usando su posición para enriquecerse enormemente. Sus críticos lo señalan, respaldados en evidencias; por ejemplo, las misiones adelantadas a las visitas de Estado de Trump para comprometer negocios particulares con los gobiernos anfitriones del mandatario.
Igual que Trump, algunos miembros de su gabinete tienen posiciones muy comprometidas, como el secretario de Comercio, Howard Lutnik, multimillonario, quien antes de asumir ese cargo dirigía la firma financiera Cantor Fitzgerald y, para evitar el evidente conflicto de intereses, le cedió el negocio a sus hijos.
Cantor Fitzgerald, según publicó Paul Krugman, Nobel de Economía 2008 en su podcast, “está íntimamente vinculado a Tether, una criptomoneda muy rentable porque se ha convertido en un canal favorito para el blanqueo de capitales por parte de criminales internacionales”. (Si lo sabe un economista, seguramente también lo saben las autoridades competentes, aunque nada digan ni hagan).
“Tampoco —sigue diciendo Krugman— el blanqueo de dinero a través de criptomonedas era la única conspiración criminal a la que Lutnick fuera, al menos, contiguo”. Lutnick, que ha negado vehementemente cualquier relación con Jeffrey Epstein, el pedófilo, “no solo mantuvo un contacto estrecho con Epstein, sino que ambos parecen haber empezado a hacer negocios juntos”.
Los conflictos de interés de Lutnick y sus mentiras sobre Epstein tendrían que causar su despido inmediato, pero tiene el respaldo de una administración en la que el propio Trump está usando su posición para hacerse más rico.
Y qué decir de la venta de armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos que entran a México a través del llamado río de hierro; tuvo que haber habido un acuerdo entre altos mandos del ejército estadounidense y contratistas privados para crear un mercado negro por el que circula armamento pesado calibre 50, que sólo se fabrica, bajo supuestos controles estrictos, para las fuerzas militares.
Es un negocio todavía modesto de 500 millones de dólares anuales, que si está creciendo no es por descuido, sino por diseño bien pensado de autoridades estadounidenses, que perjudica al gobierno y sociedad mexicanos al elevar la peligrosidad del poder de fuego de los cárteles de la droga en nuestro país.
Negocios así sólo pueden prosperar en el contexto de un gobierno corrupto.
Otros observadores recurren a ideas conceptuales para explicar la corrupción estadounidense; uno de esos enfoques la ve como concreción de la idea de que las inversiones y negocios privados se gestionan con mayor eficiencia que los recursos públicos, en el hecho de que sean los empresarios quienes estén a cargo del gobierno de Estados Unidos.
La administración Trump parece decidida a entregar todo el gobierno a empresarios, considera Katharina Pistor, abogada alemana conocida por sus aportaciones a la conformación legal de sistemas financieros en todo el mundo. Según ella, este gobierno estadounidense no es solo «bueno para los negocios»: es un negocio en sí mismo.
Tal vez los mercados sean una cuestión de negociación entre partes libres e iguales, abunda Pistor, pero “las empresas ejercen un control central, cuya lógica deja poco margen a la libertad”.
Para una empresa —sostiene la experta alemana— sólo hay dos tipos de seres humanos: los trabajadores y los consumidores. Los primeros como insumos para la producción, los segundos como compradores de bienes o servicios. En ambos casos, la única función de la gente es ayudar a maximizar el valor para los accionistas. “No hay lugar para la lealtad, la comunidad o los derechos individuales” y sí para las posiciones ultraderechistas en política y en economía.
Hace ya algunos años que en Estados Unidos y otras naciones vienen surgiendo dirigentes empresariales con poder económico suficiente que, al asumir gobiernos, promueven posiciones ultralibertarias del poder económico y eliminan todo control que pretenda regularlo.
No me salgo del tema al referirme a quizás la más grave consecuencia de hacer del gobierno un negocio, que es la abismal desigualdad que priva en riqueza e ingresos entre naciones y sociedades que las habitan.
El Informe 2026 sobre Desigualdad, del World Inequality Lab, mide la división entre ricos y pobres en el mundo, una división que ha llegado a niveles extremos.
Constata que, por un lado, un pequeño grupo de capitales en finanzas, industria y servicios controla la riqueza y, por lo tanto, las decisiones de inversión y creación de empleos en el mundo. Se trata de un núcleo de 147 empresas que, según el Instituto Suizo de Tecnología, controla directamente y a través de participaciones en otras empresas, el 40 por ciento de los activos productivos a nivel global. Si el número se amplía a 737 empresas, el 80% de las capacidades productivas globales está bajo su dominio.
Por otra parte, cuanto mayor es la desigualdad de riqueza en una economía (global o nacional), la desigualdad de ingresos también se agranda. En 2025, el 10% más rico de la población mundial ganaba más que el 90% restante.
Los autores del informe afirman que “la desigualdad es una elección política. Es el resultado de nuestras políticas, instituciones y estructuras de gobernanza”; sí, solo que la desigualdad no es resultado de nuestras políticas, instituciones y estructuras de gobierno, sino de las corporaciones que concentran la riqueza productiva y de los gobiernos que, en número creciente, están dedicados a favorecerlas.