Diferentes reglas, diferentes estrategias, mismo resultado
Como se ha repetido en varios espacios, el 2026 es un año trascendental para la institucionalidad del país. Esto se debe a que varias elecciones intermedias tendrán lugar a lo largo del año. No obstante, más que las elecciones como tal, la clave está en entender la relevancia de los tiempos y las reglas que se aplican a cada proceso. Por ello, como en un juego de póker, la estrategia lo será todo y quien sepa jugar bien sus cartas, será capaz de influir en todo el panorama institucional del país.
La complejidad del sistema ya se ha hecho evidente durante la primera quincena de febrero, dado que, para este momento, aunque en diferentes estados, ya hay tres procesos que están en marcha. Así pues, no solo los comisionados e instituciones electoras están con la agenda llena, sino que también los diferentes operadores políticos que buscarán imponer su voluntad en cada uno de los procesos. Ahora bien, el hecho de que cada elección tenga su propio procedimiento de designación también dificulta las decisiones, ya que obliga a que los diferentes actores deban emplear una estrategia diferenciada. Por esta razón, el conocimiento de las reglas de juego será fundamental para el resultado final.
Los detalles que cuentan
Anteriormente, la renovación de las instituciones permitía que los operadores tuvieran suficiente tiempo para diseñar estrategias bien pensadas y de acuerdo con la coyuntura del momento. No obstante, en esta ocasión, el hecho de que todas las elecciones sean simultáneas modifica las agendas e incentivos, abriendo paso a la improvisación. Por esta razón, en vez de analizar los diferentes procesos de manera independiente, estos se deben entender de forma conjunta y prestando atención a los detalles.
Como las normas lo indican, la mayor parte de los cuerpos colegiados se eligen por medio de Comisiones de Postulación (CP), ya que, en teoría, este mecanismo garantizaría mayor transparencia y predictibilidad. Sin embargo, como ya se ha señalado hasta la saciedad, no cabe duda de que la figura de las CP se ha pervertido y las reglas de juego se han tergiversado, en favor de intereses particulares. Esta manipulación de las formas se ha evidenciado en los procesos de elección para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el fiscal general del Ministerio Público (MP), en donde las comisiones han “jugado” con los tiempos a fin de reducir la transparencia. Por más irrelevante que parezca, este ha sido el caso de los recesos, ya que, de acuerdo con los observadores, estos se han prolongado de manera injustificada. Así pues, aunque los comisionados los consideren necesarios, desde fuera se puede interpretar como un espacio para que se sostengan negociaciones al margen del ojo y escrutinio público.
Aunque es evidente que las CP no son el medio adecuado para las elecciones institucionales, la otra opción, que se aplica en el caso de la Corte de Constitucionalidad (CC), tampoco ofrece muchas garantías de que los resultados serán mejores. Los magistrados para la Corte son electos por cinco instituciones diferentes: el presidente, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Superior de la USAC (CSU) y el Colegio de Abogados, cada uno de acuerdo con sus propios procedimientos. Por un lado, aunque este mecanismo evita los vicios de la CP, como la coordinación de intereses y la compra de voluntades de los comisionados, y la “supuesta” captura institucional, también amplía el margen de maniobra para estrategias más perversas. Un ejemplo es el lugar en donde cada aspirante presentará su expediente, ya que como lo indica la experiencia, cada uno lo hará en aquella plataforma en donde se encuentre más cómodo y aumente sus probabilidades de elección. Este es el caso de dos perfiles conocidos en el sector de justicia, Leyla Lemus y la actual fiscal general, Consuelo Porras, quienes presentaron sus candidaturas en el CSU, un órgano que ha sido señalado por corrupción y politización de sus miembros.
Consecuentemente, estos comportamientos estratégicos sugieren que, independientemente del procedimiento de elección, el resultado será el mismo, menor transparencia y una prolongada captura institucional. Esto se debe a que, lejos de ser anomalías, en realidad, todas estas distorsiones son producto del propio sistema, ya que como coloquialmente se dice: “quien hace la ley, hace la trampa”.