Galarza y Legarburu: dos asesinatos de ETA que la memoria se niega a olvidar
Felipe González dice, con razón, que jamás pactaría con quienes no han pedido perdón por los crímenes de ETA y que ni siquiera ayudan a resolver algunos de sus peores atentados. El expresidente fue testigo, entre otros, de los asesinatos cometidos el 9 y 10 de febrero de 1976, en una época en la que la inmensa mayoría de los españoles quería paz y democracia, mientras que la izquierda terrorista hacía todo lo posible por dinamitar la transición.
En aquellos dos días, ETA acabó con las vidas de Víctor Legorburu Ibarreche y Julián Galarza Ayastuy. Uno era un objetivo marcado por la banda asesina; el otro, una equivocación trágica. Legorburu tenía 63 años y era alcalde en su Galdácano natal, localidad en la provincia de Vizcaya a escasos diez kilómetros de la capital de la provincia, empleado de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y trabajaba en una pequeña imprenta familiar. Tres meses antes del atentado, ETA había lanzado un ultimátum: todos los alcaldes debían dimitir. El plazo vencía, precisamente, el 9 de febrero, cuando se sucedió la tragedia.
Asesinato borrado por la Ley de Amnistía
Esa mañana, hacia las ocho, Legorburu salió de su casa para acudir a su trabajo. Le acompañaba su escolta, un policía local. No llegaron lejos. En la calle principal, tres etarras esperaban para cumplir la amenaza. Cuarenta casquillos quedaron en el asfalto tras dos ráfagas de metralleta. Un cuarto terrorista se acercó para rematarlos con una pistola. Legorburu murió en el acto.
Los criminales huyeron en un Seat 1430, con matrícula de Bilbao, que había sido robado unos días antes en una gasolinera mientras el propietario pagaba en caja. Hoy sabemos, por la propia confesión de José Antonio Urrutikoetxea, alias «Josu Ternera», en un reciente documental, que él fue uno de los autores de aquel crimen. Lo dijo sin arrepentimiento. Sin embargo, la justicia nunca podrá sentarlo en el banquillo porque la Ley de Amnistía de 1977 borró un asesinato que la memoria se niega a olvidar.
El 10 de febrero, apenas un día después del asesinato de Legorburu, fueron a por Julián Galarza Ayastuy, que en realidad era un mecánico de 37 años empleado en la factoría Kramer de Cizúrquil, pueblo guipuzcoano a medio camino entre San Sebatián y Tolosa. Julián acababa de casarse hacía apenas dos meses en Loyola. Aquel mediodía, tras salir del trabajo y tomar un vino con un amigo, Julián marchó a casa. Eran las 12:40. Al cruzar la calle, varios miembros de ETA le dispararon a bocajarro; una bala le atravesó el pecho y acabó con su vida de forma instantánea. Los asesinos, identificados posteriormente como José Miguel Retolaza Urbina, alias «Ereki», e Isidro María Garalde, huyeron en un taxi, nuevamente robado.
La tragedia de Julián Galarza contiene una dosis extra de infamia: ETA se había equivocado de blanco. Su objetivo era Antonio Vicuña, alcalde de Cizúrquil. Dos días después, en un comunicado que pretendía ser un gesto de «humanidad», la banda reconoció el error y pidió perdón a la familia por lo que calificaron como un «crimen involuntario». Un perdón que, para una viuda de apenas sesenta días, no era más que otra bala de desprecio.
Al funeral de Legorburu asistieron 6.000 personas. Sin embargo, al día siguiente comenzó lo que su nieto define como «la más absoluta de las soledades». Apareció entonces el estigma del «algo habrá hecho». Vecinos de toda la vida dejaron de hablarles; se les empezó a tachar de «franquistas» o «antivascos» para así justificar el asesinato.
Lo cierto es que nadie se acercó a socorrer a Legorburu y a su escolta aquel 9 de febrero, a pesar de haber tenido lugar el asesinato en la calle principal de la localidad y, además, a una hora de gran afluencia. La presión y el desprecio fueron insoportables, por lo que la familia Legorburu abandonó su tierra para que sus hijos no crecieran en una sociedad rendida a ETA, donde el disentimiento político significaba la exclusión o la muerte. La familia de Francisco Ruiz Sánchez, el escolta, tampoco aguantó, y tuvo que rehacer su vida en Valdepeñas, sin ayudas y partiendo de cero.
Por cierto, dicho escolta recibió doce disparos. Salvó la vida de milagro. Lo peor vino después. En una entrevista contó que «Cuando Marisa -mi mujer- me sacaba en silla de ruedas para pasearme por el pueblo, la gente se apartaba. (...) Mis hijas lo pasaban mal en el colegio. A mi mujer la dejaron de saludar. En la carnicería le dijeron: “Mucho antes tendrían que haber matado a ese alcalde franquista y a cuantos estuviesen con él. Y que se joda el policía municipal por escoltar a ese cabrón (...)”. Era muy duro. En el País Vasco no podíamos vivir». Algunos siguen pactando con quienes aplaudían o cometían la barbarie sin arrepentirse hoy.