Colectivo demanda a municipio de Miraflores por negar bodas simbólicas de personas LGTB por el 14 de febrero
La Red Peruana TLGB presentó una demanda ante la Fiscalía de Prevención del Delito contra la Municipalidad de Miraflores, luego de que la gestión del alcalde Carlos Canales, de Renovación Popular, rechazara por cuarta vez el permiso para realizar las bodas simbólicas de parejas LGBTI el 14 de febrero, actividad comunitaria que se lleva a cabo desde hace 24 años.
La organización sostiene que la negativa municipal no obedece a motivos técnicos ni administrativos, sino que vulnera derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la libertad de reunión y el uso del espacio público. Además, advirtió que la decisión contraviene la Ordenanza N.° 437/MM, normativa distrital que promueve el respeto a la diversidad y prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Red Peruana TLGB solicita intervención del Ministerio Público
Ante este escenario, la Red solicitó la intervención del Ministerio Público para que se garantice el cumplimiento del marco constitucional y legal por parte de las autoridades locales. Sin embargo, pese a las restricciones para instalar un miniestrado, las bodas simbólicas se realizarán este sábado 14 de febrero a las 4:00 p. m. en el Parque del Amor. Según el vocero Eduardo Juárez, al menos diez parejas participarán en la ceremonia como un acto público de compromiso y reivindicación del derecho a formar una familia sin discriminación.
El evento contará con la presencia de parlamentarios, autoridades y líderes políticos que han expresado su respaldo al matrimonio igualitario y a la igualdad de derechos. Juárez afirmó que restringir actividades que promueven inclusión y diversidad representa, a su juicio, un retroceso en materia democrática, y señaló que el tema cobra relevancia en un contexto preelectoral.
La organización hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la ciudadanía para vigilar el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la propia normativa municipal vigente.
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