Comisión de Economía firmaría dictamen antilavado el lunes

El Congreso se prepara para dar un paso clave en la lucha contra el lavado de activos. Diputados de la Comisión de Economía tienen listo el dictamen de una nueva ley especializada que podría firmarse el lunes.

Es noticia. El viernes 13 de enero los diputados concluyeron la versión final del dictamen de la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El documento quedó listo para ser firmado el lunes y, posteriormente, iniciar su trámite de aprobación en el pleno.

• El proyecto establece que Guatemala necesita una legislación “especializada y técnica”, alineada a estándares internacionales, enfocada en prevenir y reprimir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• El texto aclara que la norma no busca perseguir la economía informal, restringir el uso de efectivo ni introducir objetivos tributarios, una precisión clave ante temores de mayor control estatal.
• Se prohíben cuentas anónimas o con nombres ficticios y se obliga a las entidades incluidas a identificar plenamente al cliente y al beneficiario final de los fondos.

Cómo funciona. La propuesta amplía y detalla el catálogo de “Personas Obligadas” que deberán cumplir controles ante la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). El objetivo es cerrar brechas utilizadas por redes criminales sin invadir actividades lícitas.

• Incluye a bancos, aseguradoras —en pólizas de vida con ahorro—, emisores de tarjetas, casas de empeño, cooperativas de ahorro y crédito, empresas de factoraje, leasing y entidades que transfieren fondos.
• También abarca sectores no financieros como inmobiliarias, venta de vehículos, comercio en efectivo de joyas y metales preciosos, loterías autorizadas y proveedores de servicios de activos virtuales.
• Profesionales independientes, como abogados, contadores y notarios, deberán reportar operaciones específicas cuando administren activos o constituyan sociedades, con el fin de reforzar la trazabilidad sin limitar el ejercicio profesional.

Puntos de fricción. El alcance de la ley genera debate, pues algunos respaldan mayores controles contra estructuras criminales; otros exigen garantías claras para evitar excesos regulatorios que afecten la actividad privada y la libre empresa.

• Se asegura que la supervisión debe ser proporcional y no convertirse en una carga burocrática que limite la inversión o debilite la propiedad privada.
• El proyecto crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Dinero (CONCLAFT), presidido por el Vicepresidente e integrado por ministros y jefes de inteligencia, lo que abre discusión sobre concentración de funciones.
• El texto indica que los cargos en el CONCLAFT serán ad honorem y que las decisiones se adoptarán por consenso o, en su defecto, por mayoría simple.

Hemeroteca. El 28 de julio de 2025, el presidente Bernardo Arévalo presentó la iniciativa de ley. Dos meses después, fue remitida a la Comisión de Economía, presidida por el diputado Faver Salazar, para su análisis.