Un testaferro del "caso Nóos", vinculado al presunto entramado de Borja Cabezón

El entramado societario vinculado al adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, salpica a un abogado valenciano que aparece en sumarios de corrupción de tramas como "Gürtel", "Nummaria" o el "caso Nóos". Se trata de Ramón Cerdá Sanjuan, investigado en la Audiencia Nacional por dedicarse presuntamente a la constitución de sociedades que luego vendía a terceros a cambio de un beneficio económico.

En este caso, Cerdá Sanjuan ejerció como administrador único de Divinal S.L desde su constitución, en septiembre de 2009, hasta febrero de 2010, cuando se puso al frente de la misma Alejandro Molina Allende. Según la información desvelada por El Confidencial, este empresario sería el hombre en la sombra que movió un entramado societario del que se habría beneficiado Cabezón para evadir el pago de impuestos. El citado medio expuso que Cabezón -persona de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- habría impulsado una estructura societaria gestionada por testaferros con ramificaciones en Reino Unido o el Caribe.

En concreto, Divinal S.L figura como propietaria al 20% de Vatnet Proyectos 2010 AEIE. Esta empresa constituye el epicentro del entramado y la misma se constituyó en 2010 como una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE). Se trata de una figura que regula la Unión Europea diseñada para que empresas de diferentes países puedan participar en proyectos comunes o en programas de la UE. Según explica El Confidencial, el 80% de las acciones de Vatnet pertenecían a una sociedad inglesa controlada por testaferros y el otro 20% por la firma española que creó Cerdá Sanjuan.

De la Gürtel o el caso Gowex o Marsans

Teniendo en cuenta que el porcentaje de beneficios es proporcional al de cada socio que participa en la AEIE, la firma británica se quedaba con el 80% y la española con el 20%. Ello se tradujo en que, de todos los ingresos obtenidos con el entramado, únicamente tributaban en España los vinculados a Divinal S.L. Además, según ha podido saber LA RAZÓN, Alejandro Molina Allende estaría ligado igualmente a Colwood Gestión de Proyectos S.L. Esta firma se constituyó también en 2010 con un capital social de 12,3 millones y figura en la calle Pintor Rosales número 30 de Madrid, la misma dirección en la que se registró Divinal S.L.

Según los datos recabados por este medio, la firma se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de octubre de 2009 a nombre de Ramón Cerdá Sanjuan como administrador único de la sociedad. Este abogado valenciano aparece en importantes sumarios de causas de corrupción por haber impulsado la creación de mercantiles de las que luego hicieron uso futuros entramados.

Así, por ejemplo, aparece en el sumario del "caso Nóos" por haber creado en marzo de 2006 De Goes Center for Stakeholder Management S.L, empresa cuyo objeto social era el asesoramiento de instituciones y que, cinco meses después, el 14 de julio de 2006, compró Mario Sorribas Fierro, el presunto testaferro de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres. De hecho, en 2009 Sorribas vendió las participaciones de esta sociedad al que fuera mano derecha de Urdangarin, en su calidad de Director General de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS).

Cabezón niega irregularidades

Del mismo modo, Cerdá Sanjuan también se vio salpicado en el "caso Marsans", por el cual fueron condenado, entre otros, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. La Audiencia Nacional, que declaró probado el vaciamiento patrimonial de la agencia de viajes, situó a Cerdá Sanjuan tras la empresa Posibilitum. La firma, que creó en noviembre de 2010 ante notario de la localidad valenciana de Ribarroja del Turia, acabó en manos del empresario Ángel de Cabo quien en junio de 2010 adquirió el Grupo Viajes Marsans.

El abogado valenciano, al que se le atribuyen más de 10.000 sociedades, también se vio implicado en los casos Gürtel o Gowex, relacionado este último con un presunto fraude financiero pendiente de juzgarse en la Audiencia Nacional que habría liderado Jenaro García. Del mismo modo, Cerdá Sanjuan fue condenado en 2017 a 13 años de cárcel por delitos de fraude, falsedad en documento público y asociación ilícita, entre otros, en relación con una presunta trama de fraude del IVA.

En todos estos procedimientos siguió la misma línea de actuación, la cual pasó por impulsar sociedades que luego terminaban en entramados investigados por la Justicia, de ahí que la Fiscalía le considerara "ideólogo" de las principales sociedades empleadas en estos entramados. En lo que respecta al que afecta a Borja Cabezón, el papel de este abogado de Onteniente consistió en crear la firma que luego pasó a administrar Alejandro Molina Allende, empresario amigo del miembro de la Ejecutiva del PSOE y cargo de máxima confianza de Pedro Sánchez.

Cabezón, por su parte, negó cualquier irregularidad en un comunicado conocido este lunes. El dirigente socialista asegura que ha cumplido "siempre" con sus obligaciones tributarias y que en el periodo en el que se produjeron los hechos ("hace 16-18 años") "nunca" creó laberintos societarios". "Mi relación con el despacho Nummaria es que la compañía que fundé y en la que trabajé en el periodo 2008-2011, contrató los servicios de este despacho por su reconocido prestigio y reputación en aquel momento", reza el comunicado.