El Gobierno da el primer paso para aprobar medidas anticorrupción que prometió tras el escándalo de Cerdán

El Gobierno da el primer paso para aprobar el grueso de las medidas del paquete anticorrupción que Pedro Sánchez anunció en el Congreso este verano, en pleno escándalo por la implicación del ahora exsecretario de Organización Santos Cerdán, que acabó en prisión preventiva. El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley de integridad pública que presentará en rueda de prensa la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tendrá que someterse a los informes preceptivos antes de ser aprobado definitivamente antes de poner rumbo al Congreso, donde le quedaría por delante un complejo camino.

Entre las 15 medidas a las que se comprometió Sánchez está la creación de una Agencia de Integridad Pública, que fue uno de los asuntos más difíciles en la negociación con Sumar. El plan, cuya aprobación ha adelantado la Cadena SER, se diseñó conjuntamente con la OCDE. La agencia trabajará de forma independiente en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas.

Además, pretende extender la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración, creando mapas de riesgo de integridad y usando el análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos como la contratación, las subvenciones o la gestión presupuestaria. Lo que explicó Sánchez es que se introduciría la Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, “de modo que permita automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude”. “Es inaceptable que haya empresas que sistemáticamente realicen modificaciones de contratos con diferentes administraciones y que no tengamos la información necesaria para evitarlo. Con esta nueva herramienta, la tendremos”, dijo entonces.

Endurecimiento de penas y listas negras

La ley orgánica que se aprueba este martes incluye, según fuentes gubernamentales, cambio en el Código Penal para el aumento de las penas que detallará Montero en la rueda de prensa. La previsión es endurecer las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicar los plazos de prescripción. “Además, aumentaremos las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales”, se comprometió el presidente, que también pretende endurecer las sanciones por infracciones contables a los partidos políticos.

También incorpora un sistema de 'black listing', es decir, un sistema de exclusión y listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración. En el caso de los partidos políticos, se retirarán las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.

Lo que se tramitará en leyes distintas es lo que tiene que ver con los lobbies, aunque ya hay una ley atascada en el Congreso para ello, y la ley de Administración Abierta, que depende del departamento de Función Pública que dirige Óscar López. El anteproyecto de ley de administración abierta se aprobó en octubre y aún no ha pasado la segunda vuelta. Lo que busca es incrementar la transparencia y rendición de cuentas de los altos cargos, que estarán obligados a hacer pública su agenda institucional, aunque el Gobierno no dijo el nivel de detalle con el que tendrá que hacerse y lo dejó en manos de la tramitación parlamentaria.

La nueva norma afectará a los distintos niveles de la Administración hasta el nivel de subdirector general. De esta forma, no sólo los ministros tendrán que publicar su actividad sino también los secretarios de Estado y escalones por debajo. Lo mismo sucederá en el caso de la Casa Real. No sólo los reyes tendrán que informar de su agenda sino también el jefe de la Casa del Rey, entre otros.

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