Denuncian un fallo en el filtrado de antecedentes en plena regularización de Sánchez
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que desde el pasado 10 de diciembre no está operativo erl mecanismo automático que permite el filtrado masivo de antecedentes policiales. Este fallo se conoce 20 días después del anuncio del Gobierno para regularizar a 500.000 extranjeros que ya viven y trabajan en España. Uno de los requisitos de la medida es, precisamente, que las personas que quieran acogerse a la medida no cuenten con delitos previos en sus historiales.
Según las fuentes policiales, el error se lleva produciendo desde el pasado 10 de septiembre. "La incidencia afecta específicamente al sistema que realiza el descarte automático de solicitudes sin antecedentes, lo que obliga a que dichas comprobaciones deban realizarse manualmente", precisan.
Antes de esta situación, las unidades especializadas de determinadas provincias gestionaban una media diaria de entre 100 y 200 consultas de antecedentes. Desde la caída del filtrado automático, el volumen se ha multiplicado hasta situarse entre 1.000 y 2.000 consultas diarias. En provincias como Barcelona, la acumulación de expedientes pendientes se aproxima a los 30.000, pese a que se han tramitado más de 10.000 expedientes urgentes mediante un esfuerzo extraordinario de las plantillas.
Cada consulta manual implica un análisis completo a nivel del Sistema de Seguridad, con verificación en las distintas bases policiales nacionales y autonómicas. No se trata de un trámite meramente administrativo, sino de una comprobación directamente vinculada a la seguridad pública. La Policía Nacional está garantizando que ningún expediente sea informado sin la verificación correspondiente. Sin embargo, esta sobrecarga estructural tiene consecuencias evidentes en los tiempos de tramitación.
En este contexto, el SUP advierte de que una eventual regularización extraordinaria o proceso “exprés”, como el anunciado por el Ejecutivo, podría verse afectado por esta situación técnica si no se adoptan medidas inmediatas. Un incremento masivo de solicitudes sin que el sistema automático esté plenamente operativo supondría tres cosas: retrasos significativos en la resolución de expedientes, mayor presión sobre las unidades encargadas de la verificación de antecedentes y un riesgo de tensión operativa que obligue a priorizar urgencias, afectando a otros ámbitos de investigación.