Estados Unidos avala detención sin fianza para inmigrantes en proceso de deportación, aunque lleven décadas en el país
Una corte federal de apelaciones permitió al Gobierno de Estados Unidos detener sin derecho a fianza a inmigrantes con proceso de deportación, incluso si viven desde hace años en ese país y no tienen antecedentes penales.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Misisipi, resolvió en votación dividida 2-1 que el Ejecutivo puede mantener bajo custodia a quienes considere “solicitantes de admisión” mientras se define su situación migratoria.
La decisión respalda la política impulsada por el presidente Donald Trump y abre la puerta a la mayor expansión de la detención migratoria en la historia de ese país.
¿A quiénes afecta el fallo?
El tribunal determinó que el Gobierno puede aplicar la detención obligatoria bajo la sección 235(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa categoría incluye no solo a personas detenidas en la frontera, sino también a quienes nunca fueron formalmente admitidos bajo la ley migratoria.
La medida abarca a quienes cruzaron sin inspección y a quienes ingresaron con parole humanitario, figura que permite entrada temporal pero no constituye admisión legal.
En la práctica, miles de inmigrantes, incluso sin récord criminal y con décadas de residencia en Estados Unidos, pierden la posibilidad de solicitar libertad bajo fianza ante un juez migratorio.
El origen de la controversia
El conflicto inició en julio de 2025. El entonces director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, emitió un memorando que reinterpretó la ley migratoria reformada en 1996 por la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrantede 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés).
El documento estableció que todos los “solicitantes de admisión” en proceso de deportación quedarían sujetos a detención obligatoria.
Durante casi 30 años, administraciones republicanas y demócratas permitieron que inmigrantes arrestados dentro del país pidieran audiencia de fianza bajo la sección 236. La detención automática se reservó para quienes eran interceptados en la frontera o poco después de ingresar.
El memorando rompió con esa práctica.
Choque entre tribunales
Más de 350 jueces federales fallaron contra la política en cerca de 3.000 casos. Consideraron que el Gobierno forzó una interpretación inédita del estatuto.
El fallo del Quinto Circuito revocó órdenes de tribunales inferiores y contradijo la postura adoptada por jueces en distintas jurisdicciones.
La mayoría del panel sostuvo que mientras el proceso migratorio esté pendiente, la persona sigue siendo un solicitante de admisión según la definición legal. La jueza Edith Jones comparó la situación con una solicitud universitaria que no deja de existir mientras se espera respuesta.
En disidencia, la jueza Dana Douglas advirtió que la interpretación carece de precedente histórico y desdibuja una distinción central del derecho migratorio estadounidense. También recordó que la mayoría de tribunales rechazó la posición del Ejecutivo.
Impacto y reacciones
Organizaciones de derechos civiles alertaron sobre el impacto humanitario de la medida. Señalaron que el sistema enfrenta hacinamiento y denuncias sobre condiciones deficientes en centros de detención.
Datos recientes indican que cerca del 75% de los inmigrantes detenidos no tienen condenas penales.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida como una aplicación estricta de la ley. Argumentó que la detención garantiza que quienes enfrentan deportación no evaden el proceso.
En Estados Unidos viven más de 13 millones de inmigrantes en condición irregular. Autoridades federales sostienen que los recursos públicos deben dirigirse a recién llegados y a personas con récord criminal.
El fallo no cierra el debate. Otros tribunales de apelación podrían emitir criterios distintos.
Desde el viernes anterior surgieron casos de cortes que no siguieron la directriz del Quinto Circuito.
Ese escenario podría provocar un conflicto entre circuitos y llevar el tema ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendría la última palabra.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.