Pepca pide a la defensa de Gonzalo Castillo "no comer con ansias" y esperar réplica del MP
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, instó este miércoles a la defensa de Gonzalo Castillo, imputado en el Caso Calamar, a "no comer ansias".
Ortiz aclaró que el Ministerio Público aún no ha iniciado la réplica formal a dicho imputado, la cual tendrá lugar en la próxima audiencia fijada para el miércoles.
Esta declaración surge como respuesta a los abogados de Castillo, que aseguro que el caso no prosperará por "insuficiencia de pruebas", afirmando incluso que el expediente está "blindado con algodón" y que no llegará a juicio de fondo.
Pruebas de pagos irregulares
La magistrada Ortiz aseguró que el Ministerio Público seguirá demostrando cómo operaba la red. “Hemos probado cómo desde el Ministerio de Hacienda, el grupo dirigido por el exfuncionario Donald Guerrero, pagó a personas fallecidas o sin calidad legal.
Se entregó a una estructura, dirigida en parte por Ángel Lockward, más del 65% de lo que supuestamente se adeudaba a los acreedores”, puntualizó.
Ante esto, la Pepca lanzó una pregunta retórica al tribunal: “¿Quién que se sienta merecedor real de un derecho dona a quienes no han hecho nada más del 65% de lo que cree suyo?”. Según Ortiz, esto evidencia que el único objetivo de la estructura era obtener dinero público de forma rápida mediante maniobras fraudulentas.
Continuación del juicio
Mirna Ortiz ofreció estas declaraciones al salir del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que la jueza Altagracia Ramírez aplazara la audiencia preliminar.
En el Caso Calamar figuran como principales implicados los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. También están señalados:Daniel Omar Caamaño, excontralor general, Luis Miguel Piccirillo, exdirector del CEA, Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, Óscar Chalas y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
Según el órgano acusador, los implicados habrían desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y presuntos sobornos para financiar la campaña electoral de 2020.
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