Interior cierra filas con Marlaska y deja solo al director de la Policía
El Ministerio del Interior sigue calibrando las consecuencias del terremoto que ha provocado esta semana la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González –alias «Jota»–, tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a una subordinada. El equipo de Fernando Grande-Marlaska quiere llegar hasta el final en la investigación, pero con el objetivo de que el ministro no se vea afectado. A nivel político y en lo personal.
La máxima estos tres días en el número 5 del Paseo de la Castellana, sede del departamento de Seguridad, pasa por defender la versión oficial: Marlaska desconocía los hechos hasta el martes pasado, cuando el abogado de la víctima dio a conocer la situación. De todas las crisis por las que ha pasado el ministro del Interior más longevo de la democracia, esta es la más sensible por los hechos denunciados y por el cargo afectado. Pero entre sus colaboradores más cercanos la idea es que se ha actuado con «contundencia» y de manera «instantánea» exigiendo la dimisión del principal jefe operativo de la Policía, máxime cuando se trataba de un hombre de su plena confianza, nombrado nada más llegar al cargo allá por 2018.
Interior quiere poner el foco y la responsabilidad en la cúpula de la Policía Nacional. A todos los niveles. La «información reservada» abierta al comisario Óscar San Juan, exasesor del DAO y presunto coaccionador de la víctima a cambio de su silencio, busca obtener la máxima información de qué ocurrió, cómo pasó y, sobre todo, quién lo sabía. En este proceso, se escuchará a todas las personas que hayan podido estar implicadas, especialmente a quienes pudieron «encubrirlo».
Las fuentes consultadas no dudan de que por esa suerte de «paseíllo» pasará el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo. Desde que saltase el escándalo, este cargo político ha pasado desapercibido. Su nombre no es, por el momento, uno de los señalados. Ni en informaciones periodísticas ni en el Congreso de los Diputados, donde el miércoles el PP reclamó la dimisión de Marlaska. Pardo tendrá que explayarse en respuestas de cómo la agresión de su jefe policial pudo estar oculta diez meses.
Próximo DAO
El papel de Pardo ahora es doble. Primero, dilucidar qué paso en la institución que dirige. Pero después, y no a mucho tardar, elegir quién será el próximo director adjunto operativo. En el último año, se ha producido una guerra soterrada por convertirse en el próximo DAO, sobre todo en caso de que el PP llegue al Gobierno. Las «familias» policiales han ido moviéndose, pero la dimisión de «Jota», y las circunstancias en las que se ha producido, ha provocado un «shock».
El miércoles, Pardo citó a todos los altos mandos en la sede central de la Policía, en Canillas, Madrid. Allí les transmitió la «delicada» situación que atraviesa la institución. Además, confirmó a la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso –la última jefa que tuvo la víctima antes de cogerse la baja–, como DAO interina. Era el mando al que le correspondía por escalafón. Pero también dejó claro que no sería ella la elegida. Lo mismo le transmitió a la jefa de la División de Cooperación Internacional, Alicia Malo.
Así, la carrera para ser director operativo se va cerrando. Las fuentes consultadas señalan dos nombres como los mejor posicionados. Por un lado, el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento, Javier Nogueroles, un nombre que es el favorito en muchos sectores del Cuerpo, pero más de cara al futuro. El otro es el subdirector general de Logística e Innovación, Luis Carlos Espino, uno de los artífices de MiDNI, la aplicación para llevar el documento de identidad en el móvil. Los tiempos de Espino «cuadran mejor» con la legislatura, ya que se jubila en menos de un año. Pardo comió con ambos este jueves, según ha podido saber este periódico en exclusiva.
Foco en las embajadas
Según la denuncia, el ex DAO usó a su asesor para «comprar» su silencio ofreciéndole un «destino», a lo que ella se negó. Las fuentes consultadas apuntan a que se trataría de una embajada en el extranjero, puestos muy cotizados debido a su alta remuneración, que puede alcanzar los 20.000 euros al mes libres de impuestos. Como adelantó ayer LA RAZÓN, responsables de la citada DCI fueron partícipes en el proceso de buscarle un puesto a la víctima. Se trata del departamento que dirime quiénes ganan esas plazas.
El nivel de implicación está por determinar, pero tanto el DAO como su «hombre de confianza» habrían consultado en esa sección de la Policía las posibilidades para enviar a la víctima a un puesto en una delegación diplomática en el extranjero. Las fuentes consultadas apuntan a que habría «rastro» de los movimientos del exjefe policial con esos «responsables» en «correos electrónicos».