Los protocolos anti acoso hechos a medida de los agresores sexuales
La denuncia de agresión sexual en la cúpula policial, dentro del respeto obligado a la presunción de inocencia, y sin pasar por alto «contextos» de los que no se habla por no romper la corrección política, obliga a plantear un debate incómodo que trasciende a una institución concreta, y sobre el que no parece que tengan mucho interés ninguno de los actores políticos. El feminismo de izquierdas también calla, y lo mismo sucede con el progresismo de la coalición de gobierno.
Este debate obligado, pero esquinado, es que los protocolos antiacoso no están funcionando ni en los partidos ni en las instituciones. Existen, se publicitan, supuestamente se actualizan, pero, cuando el denunciado ocupa una posición de poder, el sistema se vuelve opaco, lento o directamente disuasorio.
Todos saben que el problema es siempre el mismo. «En los partidos y en las grandes instituciones la jerarquía es determinante. Cuando el presunto acosador es un dirigente, un cargo electo o un alto mando, el protocolo compite con algo mucho más fuerte: la preservación del liderazgo y del proyecto político o institucional». explica un técnico del Ministerio de Igualdad.
En partidos y administraciones, el empleo, las listas electorales, los ascensos o los destinos dependen de decisiones jerárquicas. Y denunciar implica exponerse a pérdida de oportunidades, al aislamiento interno o a la estigmatización como «mujer conflictiva».
La vía judicial externa siempre acaba siendo más segura que el canal interno, y esto ya es un fracaso institucional, aunque, tan entretenidos como están en arrojarse las denuncias a la cara, no reparen en este hecho. Uno de los fallos más repetidos es la gestión de la confidencialidad. Las denuncias circulan, se comentan en corrillos, se convierten en munición interna. Y en estructuras politizadas, la información es poder y el rumor se convierte en herramienta de presión. Si la denunciante no percibe un cortafuegos real –independencia, anonimato, acompañamiento externo– el protocolo deja de ser un refugio y pasa a ser un riesgo.
Además, como ha comprobado este medio, en muchos partidos las comisiones de garantías o igualdad están formadas por miembros del propio aparato. En administraciones, la instrucción depende de la misma cadena jerárquica. Y esto genera dos problemas: un conflicto de intereses y falta de confianza en la imparcialidad.
«Sin independencia real, el protocolo es un trámite, no un mecanismo de protección. En política y en cuerpos jerarquizados rige una lógica defensiva, el adversario acecha, y ante una denuncia grave, la reacción primaria es cerrar filas. Se interpreta el caso como un ataque externo antes que como una alerta interna. Ese cierre corporativo convierte el protocolo en un instrumento de contención del escándalo, no de tutela de derechos y la lentitud también erosiona. Si las medidas cautelares no son inmediatas, si no hay apartamiento preventivo, si el contacto entre denunciante y denunciado continúa, el mensaje es claro: el sistema prioriza la estabilidad institucional», detalla la citada fuente, con cargo en el ministerio quepreside la ministra Redondo.
España, como la mayoría de democracias europeas, dispone de marcos legales avanzados en materia de igualdad y prevención del acoso. Y partidos e instituciones han aprobado códigos éticos y protocolos detallados.
Por tanto, el déficit no es jurídico, sino estructural. «Esto funciona así. Se redacta el protocolo, tras una crisis previa. Se presenta como garantía de tolerancia cero. Pero en el siguiente caso relevante, la organización reacciona políticamente antes que institucionalmente».
La crisis abierta en la cúpula policial preocupa en ámbitos judiciales y fiscales. «Estamos ante un caso de enorme gravedad institucional. Cuando una investigación por agresión sexual alcanza al Director Adjunto Operativo de la Policía, no hablamos solo de una persona, hablamos de la credibilidad de una de las estructuras más sensibles del Estado», indican desde la judicatura.
La presunción de inocencia es incuestionable y corresponde a la Justicia aclarar los hechos. Pero, al mismo tiempo, la exigencia ética en la cúspide, en este caso del policial, debe ser máxima.