Italia choca con Bruselas: su reforma eléctrica nace con el desdén de Europa y con el rechazo del mercado
Italia ha lanzado una polémica propuesta para excluir el coste del CO₂ del precio marginal de la electricidad generada en ciclos combinados de gas, trasladando ese coste directamente a los consumidores. La reforma, presentada como un alivio para las familias italianas, implica en realidad una redistribución del coste del carbono que rompe con el diseño del mercado europeo y con los fundamentos del EU ETS. Tal y como advierten los bancos de inversión, “descarbonizar artificialmente el precio marginal desafía la esencia del ETS, cuyo objetivo es incentivar la inversión en renovables mediante la señal de precio del CO₂”.
JP Morgan asegura que la decisión de eliminar el carbono del cálculo del precio marginal de la electricidad es un desafío estructural para todo el diseño del mecanismo del EU ETS, ya que el propósito del ETS no es solo gravar las emisiones de carbono, sino también incentivar el desarrollo de energías limpias mediante el aumento de los precios de la electricidad a través de la inclusión de los costes del carbono en el margen, de modo que las energías renovables obtengan una rentabilidad adecuada. “Vemos un riesgo no despreciable de que la propuesta italiana no sea aprobada”, asegura esta firma.
En esta misma línea se posiciona Mediobanca, que reitera que “los países europeos no pueden eliminar unilateralmente los precios del carbono de la dinámica de formación de precios de la electricidad, ya que esto iría en contra de la estructura del mercado de generación europeo; por ello, vemos difícil la implementación de esta medida”.
Fuentes del sector ven la iniciativa como un movimiento político interno con un claro destinatario: el electorado italiano. Según analistas, el Gobierno busca un enemigo externo en Bruselas pese a ser consciente de que la medida entra en conflicto con la normativa europea de ayudas de Estado. En esta línea, Goldman Sachs advierte que el rediseño “será probablemente impugnado por la UE”, ya que los Estados miembros no pueden alterar unilateralmente los principios del mercado eléctrico fijados en la Directiva de Energía.
ICIS -Independent Commodity Intelligence Services, una organización internacional especializada en información, análisis y precios de mercados energéticos- coincide en la inviabilidad. La firma recoge opiniones de expertos jurídicos que consideran que el artículo clave del decreto energético italiano -el mecanismo de compensación del coste del CO₂- difícilmente será aprobado por la Comisión Europea. Los abogados Piero Viganò y Francesco Mazzocchi señalan que el beneficio se dirige solo a una categoría específica de productores, es estructural y contradice la Directiva ETS. La reforma, añaden, podría alterar exportaciones y aumentar de forma sustancial la generación a gas, justo en sentido contrario a los objetivos climáticos.
La propuesta ha sorprendido tanto a la industria italiana como a Bruselas y al resto de Estados miembros, sobre todo porque la reforma del mercado eléctrico europeo se aprobó hace menos de un año y medio, en junio de 2024, y ni Italia ni otros países han implementado todavía sus pilares fundamentales: promoción de contratos a largo plazo a precio fijo, mayores obligaciones de cobertura para comercializadoras y mecanismos de estabilidad que, cuando entren en vigor, beneficiarán a consumidores e industria.
Los mercados ya han reaccionado reflejando la falta de credibilidad en la propuesta. Desde que se conoció la propuesta, el precio de la electricidad para 2027 en Italia ha subido de 86 €/MWh a 90,5 €/MWh. España también ha visto un ligero repunte -de 53,5 a 55 €/MWh- y el CO₂ ha aumentado de 68,7 a 72,4 €/t. La brecha estructural entre ambos países es profunda: Italia, sin el desarrollo renovable de España ni su capacidad nuclear, afronta precios persistentemente más elevados. Para 2027, el mercado estima que su electricidad será un 65% más cara y, en lo que va de año, el pool italiano promedia 126 €/MWh frente a los 48 €/MWh españoles. Por eso, mientras Italia busca medidas excepcionales, países con mixes eléctricos más competitivos -como Francia y España- se opondrán y seguirán estrategias basadas en electrificación y desarrollo renovable, como acaba de anunciar París.