Crecen los nervios en el Gobierno ante la falta de mayoría para sacar adelante el decreto social: qué pasará si vuelve a decaer
El Gobierno encara una votación decisiva sin los apoyos garantizados y con la presión creciente de un bloque parlamentario cada vez más fragmentado. El decreto del escudo social, una de las piezas clave de la agenda social del Ejecutivo, llega al Congreso en un clima de máxima tensión y con Junts amenazando con tumbarlo.
En Moncloa reconocen que la mayoría no está asegurada y que un nuevo fracaso tendría consecuencias políticas y sociales de gran calado.
En este contexto, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha intensificado la presión sobre la formación de Carles Puigdemont, instándoles a rectificar y apoyar el decreto. Su advertencia ha sido directa: si Junts insiste en “querer parecerse” a Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, “desaparecerán” del escenario político.
Para Hernández, la posición de Junts no solo compromete la estabilidad del Gobierno, sino que además perjudica a miles de familias que dependen de estas medidas.
La dirigente reprochó a Junts que esté “dando la espalda” a los más vulnerables, recordando que el decreto busca evitar desahucios, garantizar suministros básicos y reforzar la protección social. “Este escudo va de algo muy sencillo: que no se eche a la calle a más de 60.000 familias por no poder pagar el alquiler; que no se corte el agua o la luz a quienes peor lo están pasando”, afirmó.
Qué incluye realmente el decreto social que el Gobierno intenta salvar
El Gobierno ha introducido una modificación relevante para intentar sumar apoyos: los propietarios con dos o menos viviendas quedan excluidos de la suspensión de desahucios, incluso si el inquilino es vulnerable.
En estos casos, serán los servicios sociales quienes deberán ofrecer una alternativa habitacional de emergencia.
Para acogerse a la suspensión, el inquilino deberá acreditar vulnerabilidad económica, mientras que el propietario dispondrá de diez días para alegar su propia vulnerabilidad o demostrar que posee dos o menos inmuebles.
Además, los procedimientos ya suspendidos a fecha 27 de enero de 2026 seguirán paralizados automáticamente.
El decreto también refuerza la vivienda social, manteniendo la financiación a las comunidades autónomas para ampliar el parque público y aumentando las compensaciones a propietarios mediante un sistema de avales dotado con 300 millones de euros.
En materia energética, se prorroga hasta finales de 2026 el bono social y la prohibición de cortar agua, luz y gas a consumidores vulnerables. En empleo, se mantiene la prohibición de despido en empresas que reciban ayudas públicas.
El texto incluye además ajustes fiscales: incentivos a vehículos eléctricos y puntos de recarga, deducciones por obras de eficiencia energética y cambios en módulos del IRPF e IVA para autónomos del sector primario.
También se declaran exentas en IRPF las ayudas por incendios forestales y las concedidas por la Generalitat Valenciana por la DANA.
Por último, el decreto actualiza las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, flexibiliza el endeudamiento autonómico y prorroga medidas contables para empresas afectadas por crisis recientes.
A pocas horas de la votación, el Gobierno sabe que se juega mucho más que un decreto: se juega su capacidad real de gobernar con una mayoría que hoy pende de un hilo.