Renfe se niega a pagar por retrasos de 15 minutos porque esa disposición "está pendiente de desarrollo reglamentario"
Renfe continuará sin indemnizar a los pasajeros por retrasos ferroviarios de 15 y 30 minutos porque esa disposición está pendiente de desarrollo reglamentario, por lo que "no procede aplicarla". Esta es la repuesta a una carta enviada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al ministro de Transportes, Óscar Puente, para exigir que se restablezcan las indemnizaciones desde el 1 de enero de 2026, tal y como establece la disposición adicional trigésima primera de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.
Hasta 2024, Renfe devolvía el 50% del precio del billete por retrasos de 15 minutos y el 100% por retrasos de 30 minutos, lo que situaba a España entre los países con mayor protección para los viajeros ferroviarios. Pero con la entrada de Iryo y Ouigo, que tenían compromisos de puntualidad menos favorables para los viajeros, Renfe elevó hasta los 60 minutos el retraso mínimo para devolver el 50% y hasta los 90 minutos el del 100%, situación que ha sido corregida ahora por la Ley 9/2025 que ordena recuperar el régimen histórico a partir de este año gracias a que el PP consiguió introducir en el trámite parlamentario de la nueva Ley de Movilidad Sostenible una disposición para obligar al Gobierno a recuperar las indemnizaciones anteriores.
Renfe asegura que esa disposición no es legal porque "no se puede obligar solo a un operador a aplicar una política de indemnizaciones, ya que operaría en peores condiciones de competencia que sus rivales Iryo y Ouigo", según apunta la OCU, que considera que esta situación supone un "incumplimiento evidente de una obligación legal y un serio perjuicio para los viajeros, especialmente en un contexto marcado por el aumento de retrasos y cancelaciones derivado de los recientes incidentes en la red ferroviaria. Se excusa en el desarrollo reglamentario, no necesario, para exigir su cumplimiento, lo que está impidiendo que miles de usuarios reciban las compensaciones que la ley ya reconoce".
Tanto la operadora pública como Iryo han anunciado la suspensión temporal de sus compromisos voluntarios de puntualidad, lo que reduce aún más la protección al consumidor, "negando incluso las indemnizaciones establecidas en el reglamento europeo", denuncian desde la OCU, que considera que esta situación supone un incumplimiento evidente de una obligación legal, por lo que solicita al ministro de Transportes, Óscar Puente, la publicación inmediata del desarrollo reglamentario; un calendario público de ejecución, transparente y verificable, e instrucciones claras a Renfe para garantizar el cumplimiento del mandato legal.