Lucía Dammert y los desafíos en seguridad para Kast: Deberá pasar “de los eslóganes a las políticas públicas”

La socióloga y especialista en temas de seguridad, Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile, analizó los desafíos en materia de seguridad que enfrentará el futuro gobierno de José Antonio Kast, una de las principales prioridades de la campaña presidencial.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Dammert planteó que el reto central será pasar del debate legislativo a la implementación efectiva. A su juicio, “el próximo gobierno (…) no aguanta tener un debate permanente sobre más leyes”.

“Ya las leyes, las que sirven y las que sirven menos, han sido todas aprobadas. Ahora lo que necesitamos son instituciones que funcionen, necesitamos políticas públicas que enfrenten los problemas principales”, aseveró.

En esa línea, advirtió que la agenda no puede limitarse al crimen organizado. “Probablemente cuando hablemos de los problemas principales el nuevo gobierno va a tener que reconocer que además del crimen organizado y los mercados ilegales, tenemos un problema de violencias muy fuerte. La violencia contra la mujer sigue, ha vuelto con mucha fuerza en muchos sectores, hay otro tipo de violencias emergentes, y para eso no hay ley de castigos más duros que resuelva el problema, muy por el contrario”, expuso.

Para la académica, las expectativas ciudadanas son altas, pero los resultados no serán inmediatos. “Nada se va a resolver el 11 de marzo, muy por el contrario. Necesitamos tener una hoja de ruta muy clara, con los actores claros y también con las consecuencias de las malas acciones”, dijo, señalando que los eslóganes de campaña suelen chocar con la realidad institucional y que “el principal inhibidor de una estrategia de política pública seria, coherente y de largo plazo es el debate político electoral, por no llamarlo el populismo punitivo”.

Frente a lo anterior, Dammert puso como ejemplo el debate sobre el sistema penitenciario. “No es llegar y construir más cárceles. Si las cárceles están construidas y el servicio que está a cargo de las cárceles no está preparado para enfrentar el desafío, las cosas van a ser iguales o peores. De nada sirve seguir mirando los pasos aislados en términos criminales si luego lo que hay es un desorden completo a nivel institucional”.

En ese marco, sostuvo que una prioridad urgente debería ser “el control del sistema carcelario, no en el “bukelismo” de construir más cárceles, sino particularmente en el aseguramiento de que las instituciones están funcionando bien. Eso va a requerir probablemente una mano muy dura hacia dentro”.

La académica reconoció que la seguridad tiene una dimensión simbólica relevante, especialmente en un contexto donde el temor al delito marca la agenda pública, pero advirtió sobre sus límites. “Lo simbólico es importante en todos los sectores, especialmente en seguridad, pero solo lo simbólico no nos lleva a ningún lado”, indicó.

En relación con el nuevo Ministerio de Seguridad y su futura conducción, enfatizó que la persecución penal es necesaria pero insuficiente. “Para terminar con el delito no solo necesitas persecución penal. Es muy importante la persecución penal efectiva, es decir que la gente que cae presa quede condenada y no quede en prisión preventiva. Pero también es muy importante avanzar con los temas preventivos, con los temas de rehabilitación y resocialización, porque esa es la única forma verdadera de enfrentar el fenómeno de la violencia”.

Sobre el nombramiento de un exvicealmirante en la Macrozona Norte, Alberto Soto, Dammert advirtió que en Chile ha existido una tendencia a trasladar a las Fuerzas Armadas responsabilidades que no les son propias. “En el caso chileno más bien son los civiles los que quieren meter a los militares en estos temas, y lo militares no lo quieren. Ellos han sido muy claros en decir que obviamente van a avanzar en aquellas cosas que se les diga que tienen que hacer, pero que ellos no tienen la capacitación, que no tienen los recursos, que no tienen la formación”. Añadió que no están preparados para tareas policiales y que eso debe considerarse en el diseño de la política.

En cuanto al control territorial y las tomas de terreno, planteó que el fenómeno combina déficit de vivienda, cultura de ilegalidad y presencia de organizaciones criminales. “Tenemos un déficit de vivienda enorme, una dificultad de acceso muy grande. Eso genera mucho malestar. Pero además tienes organizaciones criminales que están haciendo de estas necesidades una feria”, comentó, subrayando que muchas veces los propios ocupantes son víctimas y “terminan siendo extorsionados por aquellos que la han administrado”.

Por ello, sostuvo que el foco de las tomas de terreno debe estar en la persecución de las estructuras criminales y no solo en el desalojo. “Necesitas mucha inteligencia criminal, necesitas ir detrás de las organizaciones criminales más que de los pobladores”.

“El Estado tiene que hacerse cargo del control territorial. Eso requiere presencia del Estado en las tomas o en las afueras, asegurarse que los niños tienen las vacunas, que la gente tiene RUT, que conoce cuáles son sus beneficios sociales, migrantes y no migrantes, y asegurar que aquellos que están en búsqueda por haber cometido algún delito vayan presos”, enfatizó.

Como horizonte de largo plazo, planteó la necesidad de un cambio estructural en la manera de abordar la seguridad: “Necesitamos una nueva política nacional de seguridad donde el capítulo preventivo tenga políticas públicas conocidas por la ciudadanía, que se reconozca que el tema de la violencia es un problema fundamental. El problema nuestro no es solamente el crimen organizado, sino principalmente que nos relacionamos de una forma violenta”.